Las ciudades santuario en Estados Unidos han tomado un papel protagónico en el debate sobre la inmigración, especialmente bajo la administración del expresidente Donald Trump. Estos municipios, que han optado por no colaborar con las agencias federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la deportación de migrantes, se han enfrentado a presiones cada vez más intensas. Un ejemplo destacado de esta situación es Mineápolis, donde se han reportado agresivas redadas migratorias.
Trump ha manifestado que estas ciudades están infringiendo la ley al proteger a delincuentes, aunque, contrariamente a su afirmación, no obstaculizan las operaciones del ICE. En la actualidad, existen aproximadamente 200 ciudades santuario en 13 de los 50 estados de EE. UU. Esta designación permite, en la práctica, a las personas indocumentadas obtener identificaciones más fácilmente y acceder a ciertos servicios sociales.
El movimiento de ciudades santuario comenzó en la década de 1980, impulsado por activistas y clérigos que acogían a inmigrantes que huían de conflictos en Centroamérica. En este contexto, el alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, ha declarado que su objetivo es garantizar que los migrantes indocumentados puedan recurrir a los servicios de emergencia sin temor a la deportación.
No obstante, la postura de Trump ha sido clara y contundente. El presidente ha calificado a estas ciudades como “santuarios para delincuentes” y ha ordenado el despliegue del ICE en lugares gobernados por alcaldes demócratas, incluyendo Chicago y Los Ángeles. Además, ha enviado tropas de la Guardia Nacional a estas áreas, justificado por un supuesto interés en la seguridad de los agentes migratorios.
El conflicto entre el gobierno federal y las ciudades santuario ya ha alcanzado los tribunales. Recientemente, se solicitó a Mineápolis y a la vecina St. Paul que pusieran fin a sus políticas de protección a inmigrantes. En respuesta, el estado de Minnesota ha interpuesto una demanda contra la administración Trump, argumentando que las redadas contravienen la Constitución de EE. UU., que protege la soberanía de los estados.
Tal situación podría establecer un precedente legal para otras entidades locales. Un juez federal prohibió recientemente la detención de refugiados que, aunque no sean residentes permanentes, viven legalmente en Minnesota. La situación ha llevado a un clima de incertidumbre y tensión, donde tanto el futuro de las ciudades santuario como las políticas migratorias del gobierno federal están en juego.
A medida que el conflicto evoluciona, una constante se mantiene: el debate sobre la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema candente y divisivo que no solo afecta a las comunidades involucradas, sino que también establece un marco para la lucha por los derechos de los inmigrantes en el país.
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