En un entorno marcado por la creciente preocupación por las desapariciones en el país, grupos de familiares de personas desaparecidas han alzado la voz para exigir un parlamento abierto que permita analizar de manera exhaustiva la estrategia implementada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Este llamado surge en medio de la frustración de muchos colectivos que consideran insuficientes las acciones concretas llevadas a cabo hasta la fecha.
Los familiares de las víctimas expresan una profunda desconfianza hacia las medidas existentes, argumentando que la falta de un diálogo abierto y efectivo con las autoridades ha perpetuado un sistema en el que las desapariciones continúan aumentando. La crítica se centra no solo en la inacción, sino en la necesidad de un espacio donde sus voces puedan ser escuchadas y sus propuestas consideradas en la formulación de políticas públicas más efectivas.
La jefa de Gobierno ha señalado la creación de diversas estrategias para abordar esta crisis social, incluyendo el fortalecimiento de los protocolos de búsqueda y la implementación de programas de prevención de la violencia. Sin embargo, los colectivos consideran que estas acciones no son suficientes y demandan una mayor transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, la solicitud de un parlamento abierto no solo se enmarca en un deseo de participación ciudadana, sino también en la urgencia de adoptar medidas más contundentes y eficaces que vayan más allá de las promesas.
Las desapariciones en México han alcanzado niveles alarmantes, y las cifras son desgarradoras. La falta de respuesta institucional ha generado un ambiente de desesperanza, donde las familias luchan no solo por encontrar a sus seres queridos, sino también por obtener justicia. Esta situación ha llevado a muchos a exigir a las autoridades un compromiso real y palpable en la lucha contra el fenómeno de la desaparición forzada.
La propuesta de un parlamento abierto representa una oportunidad para que las voces de los afectados sean incluidas en la toma de decisiones. La interacción directa con legisladores y autoridades podría permitir una mayor comprensión de las necesidades y preocupaciones de los colectivos, fomentando un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
A medida que la presión por un cambio significativo aumenta, es evidente que el camino hacia soluciones efectivas es complejo y requiere un esfuerzo colectivo. La participación de las víctimas y sus familiares se torna esencial para el desarrollo de estrategias que no solo se limiten a la búsqueda, sino que también aborden la prevención de futuras desapariciones. Solo a través de un diálogo activo y abierto se podrá construir un futuro en el que la justicia y la verdad sean accesibles para todos.
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