En un fallo histórico que ha reverberado en el ámbito de las redes sociales y la libertad de expresión, la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado a Meta realizar ajustes significativos en sus políticas de privacidad. Esta decisión se ve motivada por la denuncia presentada por la reconocida actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, quien manifestó que su cuenta de Instagram fue cerrada sin una justificación clara.
Gómez, una figura prominente con más de cinco millones de seguidores, subía fotografías en ropa interior con el objetivo de generar ingresos. Al considerar que esta acción representaba no solo una forma de expresión sino una vía para su sustento, interpuso una acción legal contra Meta. En su sentencia, la Corte consideró que el cierre de la cuenta fue una medida “arbitraria” que limitó de manera ilegítima su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, el tribunal calificó de inconsistente la manera en que Meta aplicaba sus políticas sobre desnudez, señalando que otras cuentas con contenidos similares permanecían activas a pesar de las reglas de la plataforma. Esta disparidad en la moderación fue un elemento clave en la decisión de la Corte, lo que llevó a encargar a Meta que revisara sus condiciones de uso y su política de privacidad. Entre las instrucciones se destaca la necesidad de que los mecanismos para impugnar decisiones de moderación sean claros y accesibles para los usuarios.
Otro aspecto relevante de esta sentencia es la exigencia de que las políticas de Meta estén disponibles en español y la creación de un canal electrónico visible para que jueces y tribunales puedan hacer llegar notificaciones judiciales desde Colombia. A pesar de la magnitud de esta sentencia, no se han especificado sanciones para Meta en caso de incumplimiento, y hasta el momento la empresa no ha emitido un comentario al respecto.
Este caso abre un nuevo capítulo en la relación entre plataformas digitales y derechos de los usuarios en América Latina, donde son escasos los precedentes de sentencias judiciales que obliguen a las redes sociales a cambiar sus políticas. En un contexto más amplio, en junio, la Corte Suprema de Brasil también instó a las plataformas digitales a asumir mayores responsabilidades sobre el contenido que sus usuarios publican, abordando problemáticas como la propagación de noticias falsas y discursos de odio.
La corte colombiana marca un precedente que podría influir en el futuro de la moderación de contenidos en redes sociales, fortaleciendo la voz de los usuarios en un entorno digital cada vez más complejo e invasivo.
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