Durante recientes operativos preventivos en Morelia, se ha evidenciado una conducta alarmante entre algunos comerciantes: el retiro de sus puestos antes de que la policía lleve a cabo inspecciones. Esta situación se ha observado especialmente en actividades consideradas de riesgo, como la venta de pirotecnia, donde la responsabilidad, según el comisionado de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, debería recaer principalmente en las organizaciones y uniones de comerciantes.
Alarcón ha señalado que, en varias ocasiones, la policía ha llegado a ubicaciones donde se esperaban venta y actividad comercial, solo para encontrar que los puestos han desaparecido. “Hemos entrado en varias ocasiones y cuando llega la policía no hay ningún puesto; se va la policía y nuevamente aparecen, porque avisan y esconden la mercancía”, declaró el comisionado, poniendo de relieve la sistematicidad de esta evasión.
Este fenómeno no solo afecta a la labor de las autoridades, sino que también plantea un grave riesgo para la seguridad de la ciudadanía. Alarcón enfatizó que, en caso de que se produzca un incidente, la culpa recaería en los comerciantes y sus respectivos grupos, quienes deben contar con reglas internas y mecanismos de control para asegurar que sus agremiados no pongan en peligro a otros.
Aunque la Policía Morelia ha logrado confiscar mercancía y retirar puestos irregulares, existe un límite en su capacidad para actuar, ya que no pueden inspeccionar negocios sin un mandato judicial. Esto resalta la importancia de un sistema de autorregulación y denuncia interna dentro de las comunidades comerciales.
Las autoridades han dejado claro que los operativos preventivos continuarán, con el firme compromiso de remover los puestos irregulares que se detecten en la vía pública. Además, han exhortado a comerciantes y organizaciones a ejercer su responsabilidad y tener una mayor conciencia social respecto a sus actividades.
En definitiva, la colaboración y la autogestión entre comerciantes y las autoridades son esenciales para garantizar la seguridad pública y el bienestar ciudadano en el contexto de la venta de pirotecnia y otras actividades comerciales sensibles.
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