Como parte de una estrategia integral para combatir la extorsión y otros delitos asociados al uso indebido de líneas telefónicas, se ha iniciado una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil. Este esfuerzo involucra a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y principales operadoras como Telcel, Movistar, AT&T, BAIT y Altán. El acuerdo fue formalizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la presencia de figuras destacadas como Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, y diversos representantes de las empresas involucradas.
Durante la firma del acuerdo, Pérez destacó la importancia de esta prueba, que tiene como objetivo definir acciones y mejorar los procesos del registro de líneas telefónicas, previo a la implementación obligatoria de esta normativa en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La identificación de usuarios se llevará a cabo mediante documentos oficiales que incluyan la Clave Única de Registro de Población (CURP), permitiendo así asociar cada línea telefónica a su respectivo titular en los centros de atención al cliente. Es crucial mencionar que la información personal será resguardada por las compañías telefónicas, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales, garantizando que el gobierno no tendrá acceso a estos datos.
La prueba comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta octubre, justo antes de que entren en vigor los nuevos requisitos en materia de telecomunicaciones. Para las líneas ya activas, se ofrecerá un periodo para su registro, incluyendo la opción de hacerlo de manera remota, facilitando así el proceso para los usuarios.
La reunión también contó con la participación de otros funcionarios clave, entre ellos David Boone, de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC, así como representantes de las operadoras telefónicas, quienes trabajarán de la mano para asegurar un proceso efectivo y transparente.
Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por establecer un entorno más seguro en el uso de servicios de comunicación, buscando no solo proteger a los usuarios, sino también fortalecer la confianza en el sistema de telecomunicaciones del país. Es un paso hacia adelante en el marco regulatorio que, al contemplar la protección de datos y la identificación clara de los usuarios, busca contribuir a la disminución de delitos asociados al uso de líneas telefónicas.
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