Cuando su marido fue detenido por la policía de inmigración, a principios de julio, cerca de Los Ángeles, Martha se vio obligada a enfrentar una nueva realidad: la separación abrupta del padre de sus dos hijas y la pérdida del ingreso que mantenía su hogar. “Él es el pilar de la familia, (…) era el único que trabajaba”, menciona esta mujer mexicana indocumentada que prefiere permanecer en el anonimato. Su situación se complicó aún más al asumir la carga financiera y emocional de cuidar a sus hijas, de seis y siete años.
A sus 39 años, Martha se unió de repente a un grupo creciente de personas que enfrentan la incertidumbre de la vivienda en el condado de Los Ángeles, que se caracteriza por tener algunos de los precios más altos en alquiler en EE.UU. Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park cuesta 2,050 dólares al mes, sumando presión a su situación.
En una lucha por sobrevivir, Martha encontró empleo nocturno en un fábrica, donde recibe el salario mínimo. Sin embargo, sus ganancias apenas cubren lo esencial, incluyendo el seguro del vehículo, el teléfono, y la renta, además de los útiles escolares necesarios para sus hijas. “Son muchos gastos,” lamenta.
La crisis en Los Ángeles se ha visto intensificada por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que, desde junio, ha arrestado a más de 2,200 personas, de las cuales el 60% no tenía antecedentes penales. Esta ofensiva, propiciada por la administración del presidente Donald Trump, ha afectado severamente a la comunidad latina en un contexto ya precarizado por la crisis habitacional. Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN, menciona que no solo quienes han sido arrestados sufren consecuencias, sino también aquellos que temen regresar a sus trabajos.
La organización que González representa ha brindado apoyo económico a más de 300 hogares que enfrentan dificultades, dedicando más de 30,000 dólares al alquiler de unas 20 familias, aunque reconoce que la necesidad es mucho mayor y que estos esfuerzos resultan insostenibles.
Los líderes demócratas locales están tratando de establecer fondos para ayudar a las familias afectadas. Se planea crear un fondo específico en el condado de Los Ángeles, igualmente, la ciudad tiene previsto lanzar un programa financiado por recursos filantrópicos. Sin embargo, estas ayudas son percibidas como insuficientes, ya que “a menudo ni siquiera alcanzan el 10% del alquiler de una familia”, según González. Ella opina que es imperativo implementar una moratoria a los desalojos, similar a la que se puso en marcha durante la pandemia, para prevenir un aumento en el número de personas sin hogar, que actualmente se cifra en 72,000 en la región.
María Martínez, una estadounidense de 59 años, también ha sentido el peso de esta crisis. Su esposo, quien es indocumentado, fue arrestado en un lavadero de autos en junio. Desde entonces, ha tenido que depender de sus hijos para cubrir su alquiler de 1,800 dólares, un desafío que se vuelve abrumador con el subsidio por discapacidad de 1,000 dólares que recibe.
La situación actual se plantea como una emergencia, ansiada por muchas familias que se encuentran, como Martha y María, en una lucha diaria por sostener su hogar y su dignidad en medio de un clima de inestabilidad y desconfianza.
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