La situación financiera del gobierno mexicano ha suscitado crecientes inquietudes en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su capacidad para gestionar su deuda. Según un reciente análisis de la organización Ethos Innovación en Políticas Públicas, se ha observado un notable deterioro en esta capacidad, impulsado por un ritmo de endeudamiento que sobrepasa el crecimiento de los ingresos del Estado.
En términos numéricos, el endeudamiento, reflejado a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), ha ido en aumento como proporción de los ingresos públicos, alcanzando un alarmante 25.9% en 2024, tras una trayectoria que comenzó en un 17.1% en 2016 y tocó su punto más bajo en 2018 con un 10.1%. Esta tendencia ha estado influenciada por decisiones del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, que se dedicó a aumentar el endeudamiento para financiar proyectos emblemáticos, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
La situación ha empujado el déficit fiscal a un nivel significativo, alcanzando 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado. Para mitigar esta carga, se prevé una reducción a 3.9% en el presente año, lo que podría llevar el endeudamiento a un 17.7% respecto a los ingresos. Sin embargo, este cambio no sería reflejo de un aumento en los ingresos, sino de recortes al gasto público destinados a consolidar las finanzas.
El saldo total de la deuda pública se presenta como una preocupación mayor, ya que actualmente es el doble de los ingresos que el gobierno recauda. En un promedio de la última década, el saldo de la deuda ha sido 2.2 veces superior a los ingresos anuales, lo que indica que el gobierno necesitaría más de dos años para liquidar la deuda si llegara a destinar todos sus recursos a este fin. Para este año, se anticipa que esta relación se mantenga en 2.3.
Desde un punto de vista presupuestario, se proyectan ingresos públicos de 8.05 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5.4% en comparación con lo aprobado anteriormente. En cuanto a la deuda, su saldo se estima en 51.4% del PIB, equivalente a 18.6 billones de pesos, evidenciando un aumento del 6.2% respecto al año pasado.
Una problemática adicional se vincula con la “regla de oro” estipulada en el artículo 73 de la Constitución Mexicana, que establece que la deuda del gobierno no debe superar la inversión física. Sin embargo, esta norma ha sido ignorada durante la última década, ya que el endeudamiento ha sido superior a la inversión en infraestructura. De hecho, esta diferencia ha sido, en promedio, 1.4 veces mayor, cumpliéndose la regla únicamente en 2018.
El presente año se anticipa una desaceleración del endeudamiento, aunque este descenso no implica un aumento en la inversión, que también ha sido objeto de recortes significativos, cayendo un 20.4% en términos reales en comparación con 2024. Dichas reducciones podrían tener implicaciones serias sobre la producción y el crecimiento económico del país a largo plazo.
De esta forma, la situación de la deuda pública mexicana presenta un escenario complejo, que combina desafíos históricos con decisiones de política fiscal que están moldeando el futuro económico de la nación. La gestión responsable y transparente de las finanzas será esencial para revertir esta tendencia, garantizar el desarrollo sostenible y asegurar el bienestar de los ciudadanos en los años venideros.
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