Congreso otorga 27 contratos diarios directos

Entre 2018 y 2024, el Poder Legislativo federal ha entregado un total de 70,836 contratos relacionados con adquisiciones, servicios, obras públicas, comunicación social, honorarios, arrendamientos, concesiones y convenios, sumando un monto significativo de 35,734.1 millones de pesos. Esta información proviene de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha lanzado un informe detallado sobre este fenómeno.

El reporte indica que las contrataciones en el Congreso de la Unión se realizan mayoritariamente en esquemas que carecen de competencia real, destacando un elevado porcentaje de adjudicaciones consideradas directas, lo que podría interpretarse como una práctica de favoritismo. Este método ha sido una constante en el Poder Ejecutivo Federal, donde se observa que ocho de cada diez contratos son asignados de esta manera, situación que se ha mantenido al menos durante la última década.

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El análisis revela que, en las dos cámaras legislativas, se otorgan, en promedio, 27 contratos al día, lo cual representa un gasto diario aproximado de 13.8 millones de pesos. Desglosando por cámaras, la Cámara de Diputados registra un gasto promedio de 6.8 millones de pesos en 15 contratos diarios, mientras que el Senado de la República otorga 12 contratos diarios por un monto de 6.9 millones de pesos.

Un hallazgo notable es que, de los 18,167 contratos analizados que incluyen información sobre el tipo de adjudicación, se determinó que un 81.2% de los contratos de la Cámara de Diputados se otorgaron mediante adjudicación directa, lo que se traduce en un gasto de 8,642.4 millones de pesos. En el Senado, el porcentaje asciende a 90.7%.

Particularmente, el año 2020 se destacó por ser el período con el más alto número de contratos asignados de forma directa: el 94% en el Senado y el 88% en la Cámara Baja. Es alarmante notar que en ciertos casos, como en contratos de comunicación social y publicidad, la adjudicación directa alcanzó el 100%.

Esta serie de cifras pone de manifiesto un sistema de contratación que, según el reporte, adolece de transparencia y mecanismos adecuados de revisión y competencia, además de suscitar preocupaciones sobre la gestión de recursos públicos. La tendencia sugiere que, a lo largo de los años, la opacidad y la discrecionalidad han encontrado un camino cómodo en la administración de contratos, permitiendo cuestionar la integridad en el uso de fondos estatales.

Los datos mencionados son los que se tenían hasta la fecha de publicación original, en 2025, y pueden no reflejar las circunstancias actuales. Es crucial seguir monitoreando cómo se desarrollan estos fenómenos en el futuro, ya que la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones.

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