La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo crítica, a pesar de los recientes movimientos por parte del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado la persistencia de “centros de detención clandestinos” en el país, una problemática que no ha cesado con la liberación de algunos presos políticos. Esta información fue compartida por Gloria Monique de Mees, relatora especial del organismo para Venezuela, en una reciente reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hasta el 19 de enero de 2026, se reporta que 143 detenidos políticos han sido excarcelados. Sin embargo, la CIDH subraya que la liberación es un proceso alarmantemente lento y ha solicitado informes detallados sobre las condiciones de estos liberados. Señala que, a pesar de los esfuerzos del gobierno interino de Delcy Rodríguez, muchas violaciones a los derechos humanos persisten. Es importante destacar que la CIDH no ha podido visitar Venezuela desde 2002, lo que limita su capacidad para corroborar la información disponible.
El contexto es complejo. Venezuela se encuentra bajo un “estado de conmoción exterior” desde el 3 de enero, tras la caída del presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta ahora cargos de narcotráfico en un juicio en Nueva York. Este cambio político ha generado cierto nivel de presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha instado al gobierno de Rodríguez a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Desde 2014, más de 18,739 detenciones políticas arbitrarias han sido registradas en Venezuela, según cifras aportadas por la CIDH. Edgar Stuardo Ralón, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, ha resaltado las “condiciones deplorables” de detención, incluyendo prácticas de tortura y malos tratos a quienes son encarcelados por razones políticas.
A pesar de que Venezuela abandonó la OEA en 2017, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, rechazó esta decisión, y la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro. En este sentido, el Consejo Permanente de la OEA también ha desconocido la reelección de Maduro, calificada como fraudulenta por la oposición y condenada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Mientras tanto, figuras opositoras como María Corina Machado han pedido mayor presión internacional para garantizar la liberación de todos los prisioneros, enfatizando que no se puede hablar de una transición hacia la democracia en un contexto de represión.
La CIDH continúa su labor de monitoreo y espera recibir información actualizada y verificable sobre las condiciones de los detenidos. En medio de esta compleja situación política, la comunidad internacional observa de cerca el desenlace de los acontecimientos en Venezuela.
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