Una nueva ley sobre “agentes extranjeros” promovida por el presidente Nayib Bukele ha entrado en vigor en El Salvador, generando un férreo debate en el ámbito de los derechos humanos y la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta normativa, aprobada en mayo en un Congreso dominado por el oficialismo, impone un gravamen del 30% sobre las donaciones que reciban las ONG, lo que plantea serias preocupaciones sobre su viabilidad y su impacto en sectores vulnerables de la población.
Expertos y representantes de diversas ONG critican lo que consideran como una “ley mordaza” que estigmatiza y obstaculiza el trabajo humanitario y social. Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal, expresó que la normativa perjudicará mayormente a las comunidades más desfavorecidas del país, intensificando la presión contra las organizaciones que trabajan en derechos humanos.
Bukele, defendiendo su propuesta, argumentó que la ley asegura que quienes operan por intereses políticos también cumplan con sus obligaciones fiscales, sugiriendo que busca una mayor transparencia. Sin embargo, las organizaciones más críticas sostienen que esta ley representa un ataque directo a la libertad de expresión y de asociación. La Fundación para el Debido Proceso calificó la legislación como un intento de silenciar voces disidentes, similar a regulaciones existentes en países como Rusia, Venezuela y Nicaragua.
Amnistía Internacional ha declarado que las restricciones previstas en esta ley no solo amenazan la operatividad de las ONG, sino que también erosionan el tejido de la sociedad civil. La norma instituyó un registro que las ONG deben completar en un plazo de 90 días, además de advertir que el incumplimiento puede resultar en multas considerables que alcanzan hasta los 250,000 dólares.
Con la llegada de esta legislación, el entorno para las organizaciones que abogan por los derechos humanos en El Salvador parece volverse cada vez más hostil, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad y el futuro de la sociedad civil en un contexto donde la crítica al gobierno se convierte en un riesgo significativo.
Esta situación, entonces, exige atención global y reflexión acerca del papel fundamental que desempeñan las ONG en la promoción de derechos y la defensa de libertades, especialmente en entornos donde la disidencia es perseguida y silenciada. Aunque el paisaje político puede cambiar rápidamente, el impacto de esta ley se sentirá durante mucho tiempo en la vida de muchos salvadoreños.
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