La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión significativa al suspender provisionalmente la emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este decreto, que buscaba recaudar 11 billones de pesos (aproximadamente 3,000 millones de dólares) para financiar parte del presupuesto de 2026, ya no podrá ser aplicado mientras se espera un fallo definitivo del tribunal.
La implementación de la emergencia económica fue una respuesta a la negativa del Congreso a aprobar un proyecto de reforma fiscal que intentaba conseguir 16.3 billones de pesos (4,446 millones de dólares). Esta derrota legislativa se produjo en un contexto de creciente deterioro en las cuentas fiscales del país sudamericano. De hecho, el presupuesto aprobado para 2026, que asciende a 546.9 billones de pesos (149,182.8 millones de dólares), resulta insuficiente para cubrir las necesidades fiscales del Gobierno.
Como consecuencia de esta situación, el Ejecutivo había declarado la emergencia económica, facultando al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias sin la previa autorización del Congreso. Entre estas medidas se contemplaban aumentos en los impuestos sobre productos como el licor, los cigarrillos, la extracción de petróleo y carbón, así como en los juegos de suerte y azar. Además, se preveía un incremento en el impuesto al patrimonio dirigido a los ciudadanos más ricos.
El deterioro fiscal de Colombia ha llevado a la suspensión de una regla fiscal en junio, lo que obligó al Ministerio de Hacienda a modificar la meta de déficit fiscal para 2025, elevándola del 5.1% original al 7.1% del PIB. Esta situación ha resultado en la degradación de la calificación soberana del país por parte de agencias como Moody’s, S&P y Fitch.
Antes de la resolución de la Corte, el presidente Petro advirtió que esta suspensión podría resultar en un encarecimiento de la deuda del país, una preocupación que ha sido compartida por su gabinete. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión del tribunal afirmando que se está protegiendo a los “megarricos” al obstaculizar las medidas que buscaban aumentar la recaudación fiscal.
Esta controversia pone de manifiesto la difícil situación que enfrenta el Gobierno, evidenciando las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en un contexto de crisis económica. A medida que se aproxima el fallo definitivo, el futuro fiscal de Colombia sigue siendo incierto, dejando a la población a la espera de soluciones que mitiguen el impacto de la crisis en sus vidas cotidianas.
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