Los trabajos informales se consolidan como una realidad creciente en México, alcanzando un alarmante 54.8% de la población en el segundo trimestre de 2025. Esto representa a 32.6 millones de personas que laboran sin acceso a derechos básicos como seguridad social, vacaciones o contratos laborales. La situación refleja un mercado laboral incapaz de generar empleos formales, dejando a millones atrapados en un ciclo de precariedad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha documentado cómo esta informalidad afecta a la economía del país, siendo más de la mitad de los trabajadores quienes carecen de derechos laborales fundamentales. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la herramienta clave que revela esta problemática, mostrando que el comercio informal incluye vendedores ambulantes, trabajadores independientes sin registro y empleados en negocios no regulados.
La creación de empleo formal se ha estancado, con apenas 28 mil plazas formales registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el primer semestre de 2025, en contraste con los 1.3 millones de empleos informales generados en el mismo periodo. Factores como la burocracia para registrar negocios, un estancamiento económico y la falta de incentivos para pequeñas empresas han contribuido a esta crisis, resultando en una estructura laboral que agrava las condiciones precarias de muchos trabajadores.
Las desventajas de la informalidad son alarmantes. La falta de seguridad social, ahorros para el retiro y prestaciones básicas afecta a 35.5 millones de trabajadores. A ello se suma que 23.1 millones perciben un salario mínimo o menos. Esta situación no solo impacta a los individuos, sino que también limita la recaudación fiscal, dificultando la financiación de servicios públicos esenciales.
Particularmente preocupante es el impacto desproporcionado en las mujeres. La carga del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado limita su acceso a empleos formales, forzándolas habitualmente a buscar empleo en la informalidad. Se estima que el trabajo de cuidados representa más del 24% del PIB, aunque este no es reconocido como empleo. Esta condición perpetúa la desigualdad de género, manteniendo a las mujeres en una situación de vulnerabilidad económica sin protección.
El 54.8% de informalidad en el trabajo no es simplemente un dato aislado, sino una clara indicación de un sistema económico que no logra abordar la precarización laboral. A pesar de que se han mantenido ciertas continuidades estadísticas desde la pandemia, las soluciones efectivas siguen siendo escasas. La falta de políticas gubernamentales que incentiven la formalización y la generación de empleo de calidad perpetúa una economía que normaliza la explotación laboral y deja a millones desprotegidos.
Con el tiempo, será esencial que se implementen cambios profundos en la estructura laboral del país, para evitar que esta problemática continúe incrementando.
Esta información, aunque reflejada en un contexto de 2025, sigue siendo relevante y debería servir como un llamado a la acción para abordar la informalidad laboral en México.
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