Entre diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, y diciembre de 2025, la población en las cárceles de México ha experimentado un alarmante incremento de aproximadamente el 30%. Esta cifra se traduce en un aumento significativo de internautas: se ha pasado de 197,988 a 256,127 personas, según los últimos datos penitenciarios. Este fenómeno ha llevado a que el número de estados con cárceles sobrepobladas se eleve de 12 a 18 en ese mismo lapso.
En particular, Nayarit destaca con un preocupante exceso de 2,248 internos, lo que equivale a una sobrepoblación del 191.65% de su capacidad. Le siguen el Estado de México, con un excedente de 22,868 reclusos y una sobrepoblación del 157.92%, y Morelos, que sobrepasa su límite en 2,145 personas (104.79%). También figuran Sonora y Durango, con 7,562 y 2,133 internos adicionales, representando sobrepoblaciones del 94.67% y 92.94%, respectivamente. Otros estados como Quintana Roo, Chiapas y Veracruz también reportan cifras alarmantes de excedente poblacional.
A pesar de que entre 2018 y 2025, 22 entidades han incrementado su capacidad carcelaria, esta expansión ha sido insuficiente para manejar el crecimiento del número de internos, resultando en que 12 de estas entidades enfrentan actualmente situaciones de sobrepoblación.
A finales de 2025, se estima que 133,214 personas dentro del sistema penitenciario aún no cuentan con sentencia, lo que representa un 52.01% de toda la población carcelaria. En comparación, en 2018, la población procesada era de 60,653 personas, equivalentes al 30.63% de los internos en ese momento. Este preocupante aumento de más de 72,500 individuos sin sentencia en siete años marca un incremento de más de 21 puntos porcentuales.
Detrás de este desbordamiento en los recintos penitenciarios se encuentran decisiones institucionales como el uso intensificado de la prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que había sido restringida tras la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, ha sido reactivada y reforzada desde la llegada de López Obrador. A esto se suman presiones externas, como las exigencias del gobierno de Estados Unidos para que el país muestre resultados concretos en seguridad, combate al narcotráfico y control de flujos migratorios.
La sobrepoblación carcelaria no solo representa un reto para las condiciones de vida de los internos, sino que también plantea serios riesgos para los custodios, exacerbando la necesidad de una moderna estrategia de gestión penitenciaria acompañada de un aumento presupuestal.
Expertos como Asael Nuche, vocero de la organización Causa en Común, han instado a la implementación urgente de un plan nacional para modernizar el sistema carcelario. Javier Oliva Posada, académico de la UNAM, también ha señalado que las políticas de seguridad aplicadas en ciertas entidades han resultado en un aumento considerable de detenciones, reflejando un cambio en las estrategias de seguridad.
Las fallas estructurales del sistema de justicia en México son otro componente crítico en esta problemática. La ineficiencia en la administración de justicia y la débil actuación de los ministerios públicos contribuyen directamente al alto número de internos sin sentencia, destacando la necesidad de reformas integrales en este ámbito.
El crecimiento de la infraestructura penitenciaria en varias entidades se debe a la combinación del aumento poblacional y la diversificación de los delitos. Sin embargo, no basta con incrementar el número de espacios; es indispensable abordar las raíces del problema para garantizar un sistema de justicia más equitativo y efectivo.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
