Crisis agrícola: subsidios y comercio en debate

Los recientes paros que involucraron a productores y transportistas en más de 20 estados de México son un indicativo claro de las tensiones profundas que enfrenta el sector agrícola del país. Este levantamiento, iniciado en la primera semana de abril de 2026, ha evidenciado cómo el incremento en los costos de fletes, seguros, fertilizantes y diésel, sumado a la escasez de financiamiento y a un entorno de seguridad deteriorado, está socavando la rentabilidad agrícola. Esta situación ha llevado a un dilema: negociar con el Gobierno de Claudia Sheinbaum o recurrir a bloqueos de carreteras, ambos caminos que a la larga provocan grandes interrupciones logísticas y tensión inflacionaria en el costo de los alimentos.

A pesar de que México ha mantenido un crecimiento agrícola en la última década, el panorama no es totalmente alentador. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF) mostró un aumento moderado del 1.8% en 2025, pero esto se ve empañado por caídas significativas en cultivos esenciales como el sorgo y maíz, que sufrieron un retroceso del 12% anual en 2024.

Ante esta adversidad, los productores han exigido al Gobierno establecer precios de garantía y restringir importaciones, así como eliminar el capítulo de granos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El ansia de un mayor proteccionismo se hace sentir, especialmente con la presión que representan los subsidios otorgados a competidores como Estados Unidos. También han pedido la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel y una presencia militar constante en las carreteras para combatir la inseguridad que afecta al transporte agrícola.

Aunque los bloqueos en las carreteras fueron levantados tras 24 horas, las demandas persisten y se llevarán a cabo en una nueva mesa de negociación con varias dependencias gubernamentales. Sin embargo, se ha denunciado un enfrentamiento entre transportistas y fuerzas de seguridad en Tlaxcala, lo que intensifica la sensación de tensión en la agricultura mexicana.

Juan Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), subraya la falta de una política pública clara que garantice la rentabilidad de las cosechas. Su análisis sugiere que las inquietudes de los productores son en gran parte justificadas, sobre todo ante el desmantelamiento de los mecanismos de amortiguamiento de impactos externos, un proceso que se aceleró durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, los productores enfrentan una mayor exposición a riesgos naturales y a choques internacionales, como el conflicto en Irán, que ha elevado los costos energéticos.

El gobierno, a su vez, ha tomado medidas para intervenir en el mercado de combustibles, dado que el diésel, esencial para la maquinaria agrícola y el transporte, tiene un efecto inmediato en los costos de producción.

La inseguridad en las carreteras ha añadido una capa de complejidad. Ocho de cada diez robos al transporte se realizan con violencia, afectando no solo la rentabilidad, sino también las decisiones de inversión y siembra de los agricultores.

A pesar de la presión por abandonar el T-MEC, un análisis de Anaya advierte que hacerlo carecería de justificación. México es deficitario en maíz, lo que podría llevar a un aumento significativo en los costos de las materias primas, afectando a la agroindustria.

Los campesinos abogan por la reactivación de esquemas de asistencia que funcionaban antes de la llegada de Morena al poder, buscando precios de garantía que actualmente solo benefician a pequeños productores. Solo el 8% de las unidades productivas en el país tiene acceso a financiamiento, mientras que un solo 3% cuenta con pólizas de seguro, lo que refleja la vulnerabilidad del sector ante crisis.

No todas las organizaciones respaldaron los bloqueos, como el Consejo Nacional Agropecuario, que representa a productores responsables del 75% del Producto Interno Bruto agroalimentario del país, instando a priorizar el diálogo sobre las protestas. La situación actual, marcada por precios bajos y altos costos de producción, demanda atención urgente o la descapitalización de productores se volverá un riesgo constante.

Con movilizaciones que no son nuevas —en noviembre pasado se bloquearon carreteras en al menos 20 entidades—, el riesgo de futuros conflictos entre el campo y el Gobierno es inminente. Aun así, la presidenta Sheinbaum ha reiterado su disposición al diálogo, aunque la efectividad de este será crucial para apaciguar la tensión que pervive en el sector agrícola mexicano.

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