El presidente del Parlamento venezolano y figura clave del régimen chavista, Jorge Rodríguez, acusó a los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia de financiar y prestar asistencia logística a dirigentes de la oposición venezolana. Ambos Ejecutivos tienen el objetivo de fomentar el paramilitarismo y promover escenarios de violencia en Venezuela, aseguró el funcionario.
Rodríguez pidió este martes a la Fiscalía que proceda judicialmente en contra de Emilio Graterón, Hasler Iglesias, Gilber Caro y Luis Somaza, todos dirigentes nacionales del partido Voluntad Popular, por su presunta responsabilidad en la organización de grupos paramilitares desde Colombia. La petición ocurre tras vincular a la oposición venezolana con las bandas criminales que asediaron el oeste de Caracas hace unos días.
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Rodríguez mostró unos gráficos que demostrarían el vínculo de estos políticos opositores con los delincuentes cabecillas de las denominadas “megabandas”, que han cobrado presencia e influencia en varias zonas del país en medio de la indiferencia oficial, y cuyo fortalecimiento ha sido denunciada reiteradamente por la oposición.
El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que las autoridades habían interceptado conversaciones en el celular entre estos miembros de la dirección nacional de Voluntad Popular y Leopoldo López, el fundador del partido, quien vive asilado en Madrid y a quien calificó de “homicida”.
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“Vamos a mostrar las pruebas desde los teléfonos de los involucrados. Ellos creen que borrando los mensajes de la plataforma WhatsApp se borran las evidencias. Pueden borrar los mensajes las veces que les dé la gana, pero hasta con un programita casero se pueden recuperar”, dijo Jorge Rodríguez. “Este grupo creyó que como aquí estaban los noruegos y la misión técnica exploratoria de la Unión Europea, tenían impunidad y mandaban a Freddy Guevara a las reuniones”, agregó.
El endurecimiento del chavismo de estos días se produce durante la presencia en el país de la delegación de la Unión Europea, que se ha reunido con actores del Gobierno y la oposición, y que analiza la factibilidad de una misión para ejercer la observación técnica de las elecciones regionales de noviembre, y mientras estaban avanzando las gestiones para iniciar una fundamentada agenda de diálogo político con la intermediación del Gobierno de Noruega.
