El reciente informe sobre la incidencia delictiva, presentado en la conferencia matutina presidencial del 12 de agosto, destaca cifras esperanzadoras que sugieren un posible cambio en la dirección de la seguridad en el país. En julio, el promedio diario de homicidios dolosos se registró en 64.9, lo que representa una disminución del 25.3% en comparación con septiembre de 2024, resultando en 22 asesinatos menos por día. Este mes se posiciona como el de menor cantidad de homicidios desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre de 2024.
A nivel territorial, siete estados concentran más de la mitad de los homicidios. Sin embargo, algunos lograron reducciones notables que superan la media nacional: Guanajuato reportó una disminución del 60.7% desde febrero, mientras que el Estado de México redujo sus cifras en un 45% desde septiembre. Por su parte, Nuevo León experimentó una impresionante reducción del 72.9%. Otros estados como Baja California y Tabasco también mostraron caídas del 35.8% y del 48.6%, respectivamente. Adicionalmente, los delitos de alto impacto a nivel nacional retrocedieron un 20.8% desde octubre, acompañado de incautaciones significativas: casi 29,000 detenidos, alrededor de 15,000 armas aseguradas, más de 1,500 kilos y 3.57 millones de pastillas de fentanilo incautadas y 1,262 laboratorios clandestinos desmantelados.
No obstante, estos avances también revelan signos de estancamiento. La caída más pronunciada en las cifras ocurrió entre octubre de 2024 y marzo de 2025; desde abril, tanto a nivel nacional como en varios estados críticos, la tendencia ya no muestra mejoras. Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Tabasco, aunque experimentaron descensos significativos, han repetido cifras casi idénticas mes tras mes desde abril. Este estancamiento sugiere que el impacto de las operaciones iniciales podría estar llegando a su fin y, sin nuevas acciones concretas, es poco probable que los indicadores continúen mejorando.
La situación se complica aún más con el aumento de la extorsión, que muestra un comportamiento contrario al de los homicidios. En el último mes registrado, se recibieron más de 18,000 llamadas al número de denuncias 089, de las cuales 573 derivaron en investigaciones y 132 resultaron en detenciones. No solo destaca la cantidad, sino también la diversificación de este delito, que ahora afecta desde pequeños comerciantes hasta grandes cadenas nacionales. En algunas áreas, los negocios se ven obligados a pagar cuotas semanales solo para operar, enfrentando amenazas o ataques si se niegan a cumplir.
Para revertir este estancamiento y contener el crecimiento de la extorsión, el gabinete de seguridad debería intensificar su enfoque territorial, priorizando aquellos estados que concentran más de la mitad de los homicidios. Es imperativo desarticular las células de segundo y tercer nivel que fomentan la violencia residual y atacar los mercados ilícitos que la sostienen. En el caso específico de la extorsión, se requieren fuerzas mixtas especializadas, investigaciones financieras y una protección eficaz para quienes se atrevan a denunciar. Complementariamente, se deben implementar programas sociales y laborales en las zonas más afectadas, vinculando el apoyo a resultados específicos. Además, una evaluación independiente y mensual de la estrategia permitirá replicar las acciones efectivas y corregir situaciones que resultaron ser solo medidas mediáticas.
Aunque la estrategia de seguridad ha evidenciado buenos resultados en su fase inicial, es crucial que se supere rápidamente el estancamiento y se detenga el aumento de la extorsión. De no hacerlo, el progreso logrado entre octubre y marzo podría desvanecerse, dado que en materia de seguridad, el estancamiento puede interpretarse como un retroceso.
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