El periodista Rafael León, conocido como Lafita, ha demostrado que su espíritu indomable no se quiebra, incluso después de haber sido liberado bajo prisión domiciliaria. Detenido el 24 de diciembre, Lafita enfrentó cargos que incluyeron encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, aunque los más graves, relacionados con terrorismo, fueron desestimados por un juez. En una reciente entrevista desde su casa en Coatzacoalcos, reafirmó su alegría y capacidad para reírse de su situación, cuestionando la lógica de su detención.
La labor periodística de Lafita ha sido objeto de un asedio constante en Veracruz, un estado donde la libre expresión enfrenta serios riesgos. A pesar de las acusaciones en su contra, que alegaban que su trabajo causaba pánico en la ciudadanía al reportar sobre violencia y crímenes, él confiesa su intención de alejarse de las coberturas más peligrosas. “Mejor voy a cubrir choques, volcaduras, gente que ande borracha… Pero ya descuartizados o descabezados, ya no, ya no me meteré en eso. Tengo miedo”, señala con una mezcla de humor y seriedad.
Lafita fue abordado por hombres sin uniforme en un aparente secuestro al salir de su casa, justo después de vender su camioneta y dirigirse al banco. Este no es su primer enfrentamiento con la ley; ya había sido víctima de una acusación fabricada previamente, donde se desestimaron los cargos. La actual acusación de terrorismo, aunque finalmente descartada, levantó preocupaciones sobre las tácticas que las autoridades están usando contra periodistas.
Según declaraciones de Lafita, la fiscal regional, Karla Díaz Hermosillo, considera que su trabajo puede interpretarse como actividad terrorista, argumentando que su cobertura de crímenes está causando temor en la comunidad y que su falta de aviso a las autoridades sobre hallazgos de cadáveres justifica los cargos en su contra. “Yo llego rápido, transmito en vivo… lo que aquí dicen es que estoy causando un terror”, explica, remarcando la crítica situación que enfrentan los reporteros locales.
El caso de Lafita ha atraído la atención de organizaciones de derechos humanos, como Artículo 19, que advirtieron sobre el peligro que representa el uso de cargos de terrorismo contra la prensa, destacando que esto sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión en México. La fiscalía, ante el creciente escrutinio público, defendió su accionar, asegurando que actuaban con objetividad y respeto hacia la labor periodística, aunque sin ofrecer una explicación concreta sobre las serias acusaciones.
El periodista, que ha dedicado más de 30 años de su vida al periodismo, documentando todo desde operativos policiales hasta narcomantas, enfrenta la incertidumbre sobre su futuro laboral. Sin embargo, su compromiso con la verdad y su deseo de justicia lo impulsan a seguir luchando. “Quiero que se vaya de Coatzacoalcos esta fiscal regional… quiero que los castiguen”, expresa con firmeza.
Lafita confía en que sus abogados conseguirán anular la prisión domiciliaria y demostrar que su situación es en realidad una retaliación por exponer la corrupción y la incompetencia en las autoridades locales. Al esperar que se haga justicia, su historia plantea preguntas críticas sobre la seguridad de los periodistas en México y el clima represivo que impera en varios estados del país.
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