Cuestionan cambios por sostener sistema ineficaz

Los cambios propuestos en la gestión del agua en México, a través de la creación de la Ley General de Aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que se debatirán en la Cámara de Diputados esta semana, han suscitado preocupaciones sobre su efectividad y viabilidad. Según Elena Burns, exsubdirectora General del Agua, estos cambios son insuficientes y en algunos casos, incluso regresivos.

Burns destaca que, en lugar de establecer una ley centrada en el acceso equitativo y la participación ciudadana, se ha decidido mantener la ley vigente que, como sostiene, es la que realmente regula de manera efectiva el acceso a este recurso vital. La actual Ley de Aguas Nacionales define quién tiene derechos sobre el agua y regula el sistema de concesiones y los distritos de riego, así como la problemática de la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos.

Durante los últimos 33 años, la Ley de Aguas Nacionales ha sido vista como la culpable del deterioro del sistema hídrico del país, y los cambios propuestos no abordan sus deficiencias fundamentales. Burns señala que desde 2003, el acceso al agua en áreas con escasez se ha gestionado a través de la compra de concesiones, un proceso que ahora se transformará en la creación de un fondo de reserva, administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Otro aspecto que provoca inquietud es la asignación de recursos hídricos por parte de la Conagua, lo cual genera dudas sobre la transparencia en los procesos decisionales. El nuevo proyecto de ley incluye un artículo que autoriza a la Conagua a establecer un fondo de reserva que permita reasignar volúmenes de agua recuperados de títulos de explotación, cuya disponibilidad no se ve garantizada.

Burns advirtió que la medida podría fomentar la discrecionalidad en la gestión del agua, incrementando los riesgos de corrupción. Para ella, el diseño reglamentario debería haber incluido vínculos claros con la planeación hídrica basada en cuencas, lo que podría haber evitado los errores del pasado.

Además, la legislación contempla la posibilidad de recuperar volúmenes de agua no utilizados por más de dos años, lo que podría llevar a una precarización de la situación de los campesinos, que enfrentan diferentes adversidades como condiciones climáticas desfavorables o problemas económicos que les impiden sembrar.

Ante esta situación, Burns sugiere una mejor estrategia: enfocar los esfuerzos en los concesionarios que no cumplen con el pago por el uso del agua. En 2023, se estima que 44,000 millones de pesos en derechos de uso del agua no fueron pagados, una suma que supera el presupuesto total de la Conagua.

Las discusiones en torno a la gestión del agua son cruciales para el futuro del recurso en México. A medida que se acerque la fecha del debate en la Cámara de Diputados, será fundamental seguir de cerca cómo se desarrollarán los diálogos y qué implicaciones tendrán para los ciudadanos y el medio ambiente. Los conflictos sobre el acceso al agua no han hecho más que intensificarse, y el camino hacia una gestión sostenible y equitativa del agua sigue siendo un desafío pendiente.

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