La administración del presidente Donald Trump ha implementado un innovador programa migratorio con el lanzamiento del primer vuelo de “autodeportación” desde Houston, Texas, que trasladó a 64 inmigrantes, 38 de los cuales se dirigieron a Honduras y 26 a Colombia. Este es el comienzo del “Proyecto Regreso a Casa”, una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que fue anunciada en marzo de 2025.
El programa ofrece oportunidades a inmigrantes indocumentados para que abandonen voluntariamente Estados Unidos, incluyendo vuelos gratuitos y un incentivo financiero de mil dólares por persona. Para participar, los interesados deben registrarse a través de la aplicación CBP Home. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que quienes no utilicen esta aplicación podrían enfrentarse a severas sanciones, tales como multas, arrestos y prohibiciones de reingreso al país.
Aunque el DHS ha catalogado este vuelo como el primero del programa, ya se había dado un caso aislado previo, donde un inmigrante fue repatriado voluntariamente bajo los mismos términos. Las autoridades federales argumentan que el costo de deportar a un inmigrante de forma forzosa supera los 17 mil dólares, por lo que este nuevo enfoque puede resultar más económico para el gobierno.
Sin embargo, la implementación de este programa ha suscitado preocupaciones entre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. Maribel Hastings, de America’s Voice, ha señalado que esta medida es injusta con aquellos que han contribuido significativamente a la economía y sociedad de Estados Unidos. Argumenta que las personas indocumentadas merecen una legalización, y no un billete de ida y mil dólares para autodeportarse.
Además, Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, ha alertado sobre los posibles riesgos legales asociados con la autodeportación. Podría significar la imposición de una prohibición de reingreso de hasta diez años, lo que obligaría a muchos a renunciar a oportunidades de regularización existentes. Aconseja que aquellos que consideren esta opción busquen la orientación de un abogado especializado.
Paralelamente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado al gobierno en su intento de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 mil venezolanos, lo que expondrá a miles de personas a la posibilidad de deportación y aumentará la presión en comunidades migrantes ya vulnerables.
A pesar de que la administración Trump considera el programa de autodeportación como una alternativa “sin repercusiones legales”, también ha amenazado con multas de hasta 998 dólares diarios para quienes permanezcan en el país después de recibir una orden de deportación. Quienes se inscriban en el programa y no cumplan podrían enfrentar sanciones que oscilan entre mil y cinco mil dólares.
Esta idea de la autodeportación no es nueva; fue presentada anteriormente por el candidato presidencial Mitt Romney en 2012. En ese momento, Trump criticó fuertemente la propuesta, considerándola errónea. Sin embargo, ahora esta política ha cobrado relevancia central en su enfoque migratorio.
La situación en torno al programa de autodeportación y sus implicaciones todavía está en desarrollo y el futuro de muchos inmigrantes indocumentados dependerá de cómo se aplique esta política en la práctica.
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