La lava del volcán de Cumbre Vieja está modificando la fisonomía de la isla de La Palma y esto tiene importantes implicaciones sociales y ambientales, pero también abre algunos interrogantes legales poco habituales. ¿Qué pasa con la propiedad de los terrenos por los que avanza el magma? Según los expertos consultados, esta catástrofe natural que está ocurriendo a cámara lenta puede desencadenar cambios significativos en diferentes ámbitos. Por un lado, si la lava llegase finalmente al mar, la roca volcánica podría ampliar la superficie de la isla canaria, lo que requiere resolver la titularidad de los nuevos terrenos.
En algunos casos, según el Instituto Geológico y Minero de España (IGM), estos afloramientos en otros lugares han llegado a modificar los límites marítimos de países. Por otro lado, en La Palma la colada de lava está cubriendo ya unos terrenos que tienen unos propietarios, pero cuyos usos han cambiado por completo. Las administraciones implicadas deberán decidir qué hacer con estas áreas cuando se solidifique el material magmático.
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En el primer caso, todavía hay que esperar a ver si la lava llega finalmente al mar y de qué forma. Si se creasen nuevos terrenos sobre lo que hoy es mar, como señalan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la legislación española establece que la primera línea de costa es de dominio público marítimo terrestre (DPMT). Así queda reflejado en la Constitución de 1978 y en la Ley de Costas, por lo que esa hipotética ampliación de la isla de La Palma pertenecería al Estado. Por otro lado, esto mismo puede hacer que determinadas áreas junto al litoral que están dentro del DPMT de pronto dejaran de estarlo, pudiéndose abrir un proceso de desafectación para desprotegerlas.
En Tenerife, la erupción del volcán Trevejo en 1706 sepultó gran parte del pueblo de Garachico y dejó un perfil de costa totalmente distinto, donde la roca volcánica ha creado unos curiosos charcos de agua de mar convertidos hoy en piscinas naturales, un atractivo turístico que gestiona el Ayuntamiento.
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Si la ganancia de espacio al mar en La Palma es de momento solo una hipótesis, todavía lo es más que la lava pueda llegar a alterar de forma significativa el perfil de la costa. No obstante, en algunas erupciones en otros lugares, la acción de los volcanes ha llegado a modificar también las líneas que marcan los derechos de uso de los países en el mar. Como incide Luis Somoza, vicedirector del IGME, la zona económica exclusiva (ZEE) que delimita los derechos sobre la explotación y uso de los recursos marinos se determina tomando una distancia de 200 millas náuticas (370,4 km) hacia el interior del mar desde la costa de las naciones.
Por ello, si de pronto aparece un nuevo saliente en el litoral o emerge un nuevo islote, los límites se amplían. “Esto se considera un crecimiento natural, es solo una simple hipótesis, pero ha ocurrido antes en Japón y en China”, incide Somoza, que especifica que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no acepta esto cuando la ampliación sobre el mar se ha realizado de forma artificial.
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En cualquier caso, lo que sí es bien real es el muro de lava que ya ha engullido más de 350 inmuebles y fincas de todo tipo en la isla de La Palma. Según datos del sistema de observación terrestre europeo Copernicus, el miércoles la lava del volcán de Cumbre Vieja ya cubría 166 hectáreas de la isla. ¿Qué va a pasar con estos terrenos completamente alterados por el magma? Aquí la respuesta es mucho menos clara, pues dependerá de lo que hagan las administraciones competentes. No obstante, lo que antes quizá era una vivienda con piscina o un terreno agrícola, se ha convertido ahora en un montón de roca volcánica difícil de utilizar como antes, pero con un enorme valor geológico y ambiental. Algunos investigadores consideran que, independientemente de la titularidad, esos terrenos deben ser protegidos. No obstante, las implicaciones de esto dependen de la figura de protección que se escoja.
Según José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España, “si no se hiciera nada, los terrenos privados bajo la lava seguirían siéndolo, pero parece razonable que se lleve a cabo algún proceso normativo o de expropiación para transformarlos en públicos, pues lo que tienen ahora estos propietarios son terrenos donde no pueden construir o cultivar”.
Planeamientos urbanísticos, mucho más rigurosos
Por otro lado, Rafel Audivert, abogado administrativista especializado en medio ambiente y profesor de Derecho Administrativo, se pregunta cómo se permitió urbanizar en la zona afectada, donde se habían producido otras erupciones, aunque fuera muchos años atrás. Este se muestra convencido de que a partir de ahora la legislación y el planeamiento urbanístico van a ser mucho más rigurosos, no solo en relación con la posible evolución de un volcán, sino ante otros fenómenos naturales y sus eventuales consecuencias, como el régimen de lluvias en relación con los cursos fluviales, por ejemplo.
Lo que no cabe prever es que haya reclamaciones a la Administración pública por imprevisión, dado que las predicciones sobre la posible erupción del volcán permitieron tomar medidas y tener a la población advertida del peligro. El debate, en todo caso, se planteará con respecto a la prevención de riesgos. En el bien entendido de que el grado de exigencia ya se ha incrementado mucho en los últimos años y lo que antes era fortuito hoy se considera negligente.
“El planeamiento urbanístico —dice Audivert en este sentido— va a ser más estricto en muchos lugares. En la zona ahora afectada en La Palma una de las primeras medidas tendrá que ser el establecimiento de franjas de protección, con afectación de viviendas y propiedades”. Aquí la respuesta deberá pasar, por tanto, por una combinación de actuaciones que tendrán que ver a la vez con la política y con el derecho. Según Audivert, habrá propiedades que sencillamente desaparecerán y sus titulares serán indemnizados. Obviamente, contarán con mayor protección y compensación quienes tuvieran bienes asegurados. Tendrá que actuar el Fondo de Compensación de Seguros ante los daños causados por una catástrofe.
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Pero los poderes públicos tendrán que venir también en ayuda de los menos previsores o los más desasistidos. Por ejemplo, quienes realizaran actividades de cultivo no podrán seguir en muchos casos sobre las mismas parcelas. Existe en este caso la posibilidad de adquisición de nuevos terrenos en zonas predeterminadas, es decir, que reciban suelo, del mismo modo que quienes hayan visto su casa quemada y derruida podrán instalarse en nuevas viviendas ofrecidas por las instituciones. Nada de ello podrá hacerse en dos días, porque supondrá un proceso de acreditación y verificación de titularidades, por ejemplo.
Luis Cordón, abogado civilista del despacho Tornos de Barcelona, explica que quien no tuviera suscrito un seguro “se sentirá, de entrada, desamparado”. Estima que a corto plazo tendrá que haber una respuesta en forma de actuaciones administrativas del Gobierno canario, porque las propiedades afectadas no van a ser solo las que hayan quedado destruidas. Según detalla, “en esa zona habrá muchas edificaciones, chalets y viviendas que no hayan sido arrasadas por la lava, pero que quedarán aisladas. Habrán quedado en pie, pero sin suministros de ningún tipo, ni agua, ni alcantarillado, y tal vez sin accesos”. El balance de daños, en suma, incluirá más elementos de los que aparecen a primera vista.
