La solidez de un régimen de competencia económica es clave para el desarrollo de los mercados y, por ende, del bienestar de los consumidores. Esta fortaleza se manifiesta a través de diversas medidas, tales como la cantidad y calidad de investigaciones sobre prácticas monopólicas, el control de concentraciones y las sentencias judiciales que respaldan estas resoluciones. La calidad de las leyes y normas administrativas que fomentan —o restringen— la competencia resulta igualmente fundamental.
Recientemente, una propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica ha suscitado preocupaciones al eliminar la facultad de las autoridades para emitir opiniones sobre marcos regulatorios que limitan la competencia. Esta eliminación plantea interrogantes sobre cómo se garantizará una competencia efectiva entre las empresas en el mercado.
La discusión sobre el nuevo diseño institucional se ha centrado en aspectos como la independencia de los comisionados, el mecanismo de selección, y el incremento de sanciones por prácticas monopolistas. Sin embargo, la falta de atención a la facultad de abogacía por la competencia menciona un componente vital en el fortalecimiento de los mercados.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado muchas regulaciones gubernamentales que tienden a restringir efectivamente la competencia, limitando el número de oferentes, restringiendo capacidades competitivas y reduciendo las opciones para los consumidores. Mientras que algunas de estas regulaciones pueden justificarse por objetivos de política pública —como el desarrollo de empresas locales o la protección del medio ambiente—, la evidencia sugiere que a largo plazo resultan en mercados concentrados que elevan los precios, perjudicando a los consumidores.
A lo largo de los años, se han presentado ejemplos claros de cómo la autoridad de competencia ha utilizado su facultad para desafiar regulaciones inadecuadas que atentan contra los intereses del consumidor. Estas incluyen restricciones en redes de transporte, regulaciones en la ubicación de estaciones de servicio, y obstáculos para el comercio interestatal, entre otros. Si bien estas medidas pueden ser útiles durante situaciones excepcionales, tienden a generar efectos negativos graves que superan cualquier beneficio a corto plazo.
Dada esta situación, es crucial que los legisladores se enfrenten al reto de reintegrar la facultad de emitir opiniones sobre marcos regulatorios en esta nueva estructura. De hacerlo, se podría establecer un régimen de competencia más robusto, que no solo beneficie a las empresas, sino que también proteja y favorezca el bienestar de los consumidores.
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