La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una ambiciosa propuesta de “ley de amnistía” destinada a cientos de presos políticos en el país. Durante un evento en el Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez afirmó que la ley busca abordar la violencia política que ha marcado la historia reciente de Venezuela desde 1999 hasta la actualidad. “Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”, declaró, enfatizando la necesidad de restaurar la justicia y promover la convivencia entre los venezolanos.
Este anuncio llega en un momento en que las condiciones de los detenidos han sido objeto de escrutinio internacional, especialmente en el infame centro de detención Helicoide en Caracas. La administración de Rodríguez ha afirmado que este lugar, denunciado por organizaciones de derechos humanos por abusos sistemáticos, será transformado en un “centro social deportivo cultural para la familia policial y las comunidades aledañas”, aunque no se ha especificado cuándo comenzará esta reconversión.
La propuesta de amnistía podría beneficiar a cientos de personas actualmente encarceladas, aunque se ha aclarado que aquellos condenados por delitos graves, como homicidio o violaciones a derechos humanos, quedarían excluidos. El avance en la excarcelación de presos ha sido lento, aunque Rodríguez anunció que al menos 303 detenidos han sido liberados en un proceso que sigue en curso.
Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela ha experimentado una agudización de las protestas, muchas de ellas violentas, lo que ha resultado en la detención de miles de personas. Hasta la fecha, se estima que alrededor de 700 individuos continúan encarcelados por motivos políticos, a pesar de la negativa del gobierno en reconocer la existencia de presos políticos, sosteniendo que estos han cometido delitos.
La comunidad de derechos humanos, representada por organizaciones como Foro Penal, ha acogido la propuesta de amnistía con cautela. Alfredo Romero, director del Foro Penal, indicó que una amnistía general es bienvenida, siempre y cuando sus términos incluyan a toda la sociedad civil y no conduzca a una “impunidad” que perpetúe el aparato represivo.
Además, la semana pasada, Rodríguez reportó que 626 personas habían sido liberadas, aunque las cifras exactas y el contexto de estas liberaciones han sido cuestionadas por grupos locales de derechos humanos y familiares de los detenidos, quienes han expresado escepticismo respecto a la transparencia del proceso.
La demanda por la liberación de presos políticos es un reclamo constante por parte de organizaciones internacionales y figuras opositoras, incluyendo a María Corina Machado, quien ha visto a varios aliados encarcelados. Durante años, la oposición y defensores de derechos humanos han denunciado el uso de detenciones como herramientas de represión.
Las declaraciones de Rodríguez sobre la ley de amnistía y las excarcelaciones surgieron en un trasfondo tenso, marcado por la reciente detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, lo que pone de relieve las complejidades políticas y sociales que enfrenta Venezuela en su búsqueda por la justicia y la reconciliación.
La situación continúa evolucionando, y aunque la propuesta de ley de amnistía es un paso significativo, la incertidumbre reina sobre su implementación y sus verdaderas implicaciones para los derechos humanos en el país sudamericano.
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