La desigualdad de riqueza sigue generando un amplio debate en México, especialmente tras la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2024. Esta encuesta revela la alarmante realidad de que más de la mitad de la población enfrenta dificultades significativas para acceder a una canasta básica de bienes y servicios. Este escenario no solo plantea un dilema ético, sino que también pone en riesgo la salud económica del país, dado que el consumo privado representa aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto (PIB).
Una de las grandes preocupaciones que emergen del análisis de estos datos es que el bajo consumo está vinculado a la precariedad en áreas vitales como la educación y la salud. Sin embargo, también surge una oportunidad: incrementar la capacidad de consumo de los hogares de menores ingresos podría impulsar el crecimiento económico, siempre que esté acompañado de mejoras en la productividad nacional.
Entre las propuestas que surgen de este contexto está la reforma fiscal, que aboga por aumentar los impuestos a los hogares con mayores ingresos para financiar transferencias a los más necesitados. Sin embargo, la experiencia en otros países con altas tasas impositivas muestra que estos sistemas suelen estar acompañados de un estado de bienestar sólido, que justifica dichas tasas al garantizar servicios públicos eficientes en áreas como transporte y salud. En contraste, en México, donde los sistemas de servicios públicos enfrentan debilidades estructurales, existe una resistencia a aceptar que un aumento de impuestos beneficie significativamente a quienes están en situaciones más vulnerables.
Otro tema recurrente en estas discusiones es el salario mínimo. Los incrementos en el salario mínimo durante los últimos seis años han evidenciado que es posible mejorar los ingresos de los hogares más pobres sin generar presiones inflacionarias directas. Sin embargo, este aumento no puede considerarse una solución permanente, especialmente con la elevada informalidad laboral —que abarca alrededor del 60% de la masa salarial— donde los ajustes salariales no se aplican de manera uniforme.
La necesidad de una reforma integral se vuelve apremiante. Es fundamental construir un mercado laboral más formal y con mejores salarios, lo que a su vez elevaría los niveles de productividad. México se encuentra en una etapa crítica, con la posibilidad de aprovechar el crecimiento de sectores estratégicos, como la manufactura avanzada y ciertas industrias tecnológicas, para mejorar la calidad del empleo.
Abordar los niveles de desigualdad en el país es esencial, pero debe hacerse bajo una perspectiva holística que garantice un crecimiento sostenible a largo plazo, mientras se navega con cuidado los desafíos de la transición demográfica que enfrenta la nación. La situación actual exige un enfoque proactivo y colaborativo para asegurar un futuro más equitativo para todos los mexicanos.
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