La prestación de servicios de limpieza y mantenimiento en oficinas gubernamentales ha generado controversia en la opinión pública, debido a prácticas cuestionables que han salido a la luz. Las dinámicas entre las empresas dedicadas a estos servicios han revelado una competencia feroz, con irregularidades no solo en la administración de los contratos, sino también en el cumplimiento de los estándares establecidos.
Durante el sexenio anterior, todos los contratos relevantes debían adherirse a un marco regulatorio específico, impuesto por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en el actual clima administrativo, propio de la Cuarta Transformación, las licitaciones han sido objeto de una supervisión más estricta por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las decisiones operativas de las diferentes áreas han sido revisadas y, en muchos casos, corregidas, lo que ha llevado a una re-asignación de contratos.
Un ejemplo reciente se presenta con el ISSSTE, donde un contrato multianual para servicios de limpieza, valorado en 771 millones de pesos, fue revocado a la empresa Ocram Seyer-Wilk tras observaciones críticas del Órgano Interno de Control. Esta situación provocó la necesidad de modificar la licitación en dos ocasiones para evitar sanciones drásticas.
Otro tema medular ha sido la gestión contractual del personal de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional. Luego de protestas por retrasos en el pago de salarios, la administración del Politécnico confirmó que no contrataba directamente a estos trabajadores, revelando que la empresa Got Und Glück había ganado la licitación para el ejercicio fiscal 2024. Posteriormente, se descubrieron irregularidades en el cumplimiento de prestaciones, como la falta de registro ante el IMSS, lo que llevó a la rescisión del contrato con otra empresa involucrada.
A pesar de la reciente adjudicación a Got Und Glück, la firma perdió el contrato tras escándalos relacionados con protestas, lo que motivó a la Secretaría de la Función Pública a emitir un comunicado instruyendo a las dependencias gubernamentales a no celebrar acuerdos con ellos.
En las licitaciones más recientes, se cuestionó nuevamente la asignación del contrato multianual al 2028 a Servicios Integrales Retimar, persistiendo las denuncias sobre irregularidades en el proceso de contratación. La discordancia entre las denuncias contra el ‘cartel de limpieza’ y quejas anónimas en las contralorías resulta evidente.
La Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento ha dado un paso adelante al denunciar incumplimientos por parte de sus empleadores, siendo relevante una denuncia contra Armot, Seguridad Privada y Servicios Institucionales. De los 10,000 trabajadores prometidos, apenas 754 estaban afiliados al Seguro Social, lo que implica una evasión laboral y fiscal considerable, avaluada en más de 20 millones de pesos mensuales.
Este panorama dibuja un escenario preocupante sobre la transparencia en la contratación de servicios esenciales, subrayando la necesidad de una revisión integral del sistema de licitaciones y la regulación del personal en el ámbito gubernamental.
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