La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tomado la decisión de retirar temporalmente la demanda contra los socios de Genaro García Luna, generando un notable interés en el ámbito de la justicia y la recuperación de activos en México. Este movimiento se produce después de un fallo favorable de una jueza estadounidense que habilita al Estado mexicano a recuperar más de 2,400 millones de dólares en bienes y empresas, adquiridos por García Luna y su esposa mediante el desvío de recursos públicos.
La razón del retiro es clara: las partes involucradas han logrado avances significativos hacia la formalización de un acuerdo que no solo busca la recuperación de estos bienes, sino que también proporciona una mayor comprensión de la corrupción y los vínculos que rodean al exfuncionario. Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse dentro del plazo establecido, que se extendió del 28 de abril al 23 de mayo.
Con el fin de dar un paso atrás, las partes solicitaron a la jueza Walsh que se acepte un “retiro voluntario de la demanda sin perjuicio”. Esto significa que, en caso de que el acuerdo se materialice, se presentará para su ratificación. De no ser así, el Estado mexicano tiene un plazo de 30 días para reactivar la demanda y continuar con el proceso judicial.
Es importante destacar que este retiro no afecta la sentencia previa contra García Luna, su cónyuge ni las empresas implicadas. Eventualmente, se solicitará una acción posterior a la condena.
En paralelo a este caso, la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está implementando una nueva dirección específicamente enfocada en el combate a organizaciones delictivas. Este esfuerzo responde a una coyuntura en la que Estados Unidos ha calificado al crimen organizado como organizaciones terroristas, mientras que México será sometido a evaluación por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este año.
Un decreto presidencial ha dado vida a la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, que contará con dos coordinaciones. Su objetivo es analizar información de reportes y declaraciones sobre individuos vinculados a actividades criminales de alto impacto y generar reportes de inteligencia. Esta dirección también coordinará esfuerzos con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras entidades para mejorar el intercambio y la diseminación de información crítica para la seguridad nacional y pública.
Esta situación no solo destaca la complejidad del panorama legal en México sino también la creciente colaboración entre las instituciones para abordar el desafío del crimen organizado, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más cruciales que nunca. La información aquí presentada es relevante a la fecha de publicación original, 28 de mayo de 2025, y refleja los esfuerzos actuales del Estado en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
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