Por el presunto daño patrimonial de nueve mil 500 millones de pesos en agravio de Segalmex, Liconsa y Diconsa, la Secretaría de la Función Pública ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino detalló que estas denuncias se encuentran en etapa de investigación con miras a su judicialización.
“Es importante aclarar que, con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la FGR 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la UIF, la SFP y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Linconsa y Diconsa”, dijo.
“Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, puntualizó.
El titular de la Función Pública apuntó que estos nueve mil 500 millones de pesos son a raíz de las observaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La SFP practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos“, explicó.
“Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios”, argumentó.
“Por su parte, la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020 promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones (SFP y ASF) ascienden a nueve mil 500 millones”, refirió.
Salcedo Aquino detalló que hay un servidor público vinculado a proceso por invertir alrededor de 950 millones de pesos en instrumentos financieros de alto riesgo.
“Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”, indicó.
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