Dictamen sobre García Luna triplica demanda.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado detalles perturbadores sobre la reciente sentencia dictada por una jueza de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Este fallo impone a García Luna una obligación de pago que asciende a $748,829,676.00 dólares estadounidenses, mientras que su esposa enfrenta un reclamo significativamente mayor, un total de $1,740,025,540.20 dólares. Lo notable de esta decisión, según la UIF, es que la cantidad total representa tres veces el monto original por el cual el Gobierno de México había demandado a la pareja.

El juez a cargo de esta causa, Lisa Walsh, ha establecido que estas condenas están alineadas con siete resoluciones previas de culpabilidad contra García Luna, su esposa y sus cinco empresas, las cuales fueron emitidas por su falta de comparecencia durante el juicio. En una de estas resoluciones, ya se ha ejecutado una recuperación de activos de $1,970,872.72 dólares, así como la transmisión de un bien inmueble tasado en $555,800.00 dólares, perteneciente a la empresa Delta Integrator LLC, de la cual son propietarios.

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En un contexto adicional, se señala que tras el vencimiento de una hipoteca ligada a la misma empresa, se obtuvo una recuperación adicional de $275,000.00 dólares. Estos fondos fueron depositados de inmediato en la Tesorería de la Federación de México, y el bien inmueble mencionado ha quedado bajo la administración del Gobierno para su eventual venta.

Hasta el momento, bajo la propiedad directa de García Luna y Pereyra, así como de varias empresas asociadas, no se han localizado otros bienes. Sin embargo, las autoridades han manifestado que, luego de la emisión de esta sentencia, se procederá a ejecutar el fallo respecto a cualquier bien que sea encontrado en el futuro, incluso si estos se encuentran disimulados bajo la propiedad de terceros.

La información presentada es actualizada hasta el 22 de mayo de 2025, y pone de manifiesto la complejidad de los casos de corrupción y blanqueo de capitales en el contexto de la justicia internacional y sus implicaciones para la administración pública y el Estado mexicano.

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