El futuro de los aranceles impuestos bajo la administración de Donald Trump se posiciona como un tema candente en la agenda económica estadounidense, con el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) pronosticando una “baja probabilidad” de que estas tarifas se mantengan. Este análisis cuenta con base en la reciente audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, que se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2025, donde se discutieron los casos V.O.S. Selections, Inc. v. Trump y Learning Resources, Inc. v. Trump. Se anticipa que la Corte emita un fallo definitivo en diciembre de 2025 o en enero de 2026, antes del receso de verano de junio de 2026.
Los aranceles en cuestión, fundamentados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), incluyen un arancel universal global “recíproco” y tarifas específicas dirigidas a México, Canadá y China, justificados por preocupaciones de migración y el tráfico de fentanilo, todo ello bajo una declaratoria de “emergencia nacional”.
El enfoque del Index resalta la división ideológica entre los jueces de la Corte. Los jueces considerados “liberales”, como Sonia Sotomayor y Elena Kagan, parecen firmemente opuestos a la validez de los aranceles IEEPA, argumentando que su implementación supera la autoridad presidencial y vulnera el poder del Congreso, según lo estipulado en el Artículo I, Sección 8 de la Constitución. Por otro lado, los “jueces conservadores”, como Clarence Thomas y Samuel A. Alito, Jr., respaldan la discrecionalidad ejecutiva en cuestiones de seguridad nacional.
Los “jueces indecisos” como John G. Roberts, Jr. y Amy Coney Barrett, muestran escepticismo respecto a si la “amenaza extraordinaria” invocada para estas restricciones comerciales está suficientemente justificada, lo que añade una capa de incertidumbre sobre, no solo la validez de estas tarifas, sino también la posibilidad de su eventual sustitución por otras herramientas legales.
Entre los escenarios que contempla el Index, destaca la posible invalidación total de los aranceles IEEPA, que podría conducir a la implementación de otras regulaciones, como los aranceles globales bajo la Sección 122 del Trade Act de 1974, o bajo la Sección 301, que investiga prácticas comerciales desleales en países específicos. Además, la Sección 232 podría ser utilizada para afirmar razones de seguridad nacional, afectando así no solo a México, sino a la estructura de comercio internacional en general.
Si se mantienen los aranceles IEEPA, México podría beneficiarse con la ventaja competitiva de quedar exento en productos que cumplan con las normativas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, persisten riesgos asociados a la transición hacia otras regulaciones, ya que no se garantizaría automáticamente la exención para productos que se alineen con las reglas de origen del T-MEC.
Independientemente del veredicto sobre los aranceles IEEPA, los aranceles establecidos bajo la Sección 232, que representan una preocupación significativa para México, quedarán fuera del alcance de este proceso judicial y continuarán vigentes. Este panorama anticipa importantes consecuencias para la economía mexicana, dependiendo de cómo se resuelva esta intrincada situación legal y política antes del año 2026.
Este análisis, con datos hasta el 11 de diciembre de 2025, sugiere una creciente complejidad en las dinámicas comerciales y legales entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, lo que requerirá una atención continua y especializada por parte de los sectores involucrados.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
