Diputados de Michoacán Terminan Año con Vacaciones y Aguinaldo

Con el cierre del año, la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán se enfrenta a un panorama polémico. Este miércoles 17 de diciembre, sus 40 integrantes llevaron a cabo su última sesión ordinaria de 2025, marcando el inicio de un período de receso legislativo que se extenderá hasta el 15 de febrero de 2026. Este descanso de aproximadamente dos meses incluye un aguinaldo superior a los 120 mil pesos, generando un costo total de 480 mil pesos para los contribuyentes durante este tiempo de inactividad.

A pesar de los salarios asignados, los legisladores arrastran un rezago significativo con más de mil iniciativas pendientes en comisiones, una situación que ha llevado a constantes críticas tanto dentro como fuera del recinto legislativo. Las acusaciones apuntan a una falta de reuniones de trabajo en comisiones, lo que obstaculiza el progreso en el trabajo parlamentario.

Las miradas están especialmente dirigidas hacia la Comisión de Justicia, presidida por Aned Franco Carrizales, quien ha tenido poca presencia en sesiones y cuya participación en tribuna ha sido prácticamente nula, mientras continúa recibiendo su dieta salarial completa. Esta falta de actividad contrasta con los gastos operativos del Poder Legislativo, que incluyen prerrogativas mensuales que van de 250 mil pesos hasta un millón, lo que contribuye a que el Congreso de Michoacán se encuentre entre los más costosos del país.

La combinación de un receso prolongado y un acumulado de trabajo sin resolver plantea serias preguntas sobre la eficacia y la responsabilidad de los representantes públicos. A medida que se acerca el periodo vacacional, la inacción se vuelve un tema recurrente en el debate público, poniendo de relieve la necesidad de una reflexión sobre el verdadero papel y compromiso de los legisladores hacia sus electores.

Este escenario no solo afecta la operatividad del Congreso, sino que también impacta la percepción pública sobre la gestión del Poder Legislativo en Michoacán, donde el debilitamiento de la actividad parlamentaria podría tener repercusiones en el desarrollo de nuevas políticas y en la atención de las demandas sociales. La pausa en las actividades legislativas, con un aguinaldo significativo en el horizonte, plantea un desafío para la legitimidad ante una ciudadanía que espera rendición de cuentas y avances concretos en los temas que les atañen.

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