En Myanmar “se está usando la pandemia como un arma contra el pueblo”. Ese es el mensaje que más repiten médicos y voluntarios birmanos en redes sociales para describir la grave crisis sanitaria y política con la que lidia Columna Digital. La nación del sureste asiático, sumida en el caos desde el golpe de Estado castrense del 1 de febrero, registra desde principios de julio un aumento exponencial de los casos de covid-19. La poca credibilidad de los datos oficiales y el rechazo ciudadano a la junta militar provocan que sea difícil, incluso para los expertos afincados por largo tiempo en el país, determinar cuál es el alcance real de una situación agravada por la carencia de insumos médicos, principalmente la falta de oxígeno.
Ante la falta de doctores, muchos hospitales han tenido que cerrar. Los centros de control de la covid-19 han llegado al tope de su capacidad y solo aceptan a los enfermos graves. Según informa Radio Free Asia, se están enviando a casa a los pacientes en estado crítico con pocas probabilidades de sobrevivir y a aquellos con síntomas leves, debido a que las instalaciones sanitarias no dan abasto. “Los doctores no quieren trabajar bajo las órdenes de los militares, y a muchos los arrestan. No hay personal suficiente”, afirma Ba Kaung, un residente de Bagan que prefiere identificarse con un seudónimo.
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“Casi todo el oxígeno está en manos del Ejército. Mi tío está enfermo de covid en Yangón y la familia lo está tratando en casa. No nos fiamos de la junta. Ha pagado mucho dinero a una empresa privada para conseguir una botella de oxígeno, pero hay que esperar demasiado”, explica Ba. Escenas de personas haciendo cola para recibir bombonas de oxígeno y vídeos de cadáveres en las calles acrecientan la ira hacia la junta, mientras que ha estallado una guerra de desinformación en Facebook y Twitter.
Thomas Andrews, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, denuncia que una “tormenta” de factores –el golpe, el colapso del sistema sanitario, la migración, las nuevas variantes de la covid-19 y la incautación de los equipos médicos por parte del Ejército– ha devenido en una catástrofe humana, eclipsada por la creciente impopularidad del golpe de Estado y la escalada de la violencia. “La crisis de Myanmar es particularmente letal por la desconfianza generalizada en la junta militar”, añade Andrews, quien ha firmado una petición dirigida a la ONU para que cree un cuerpo políticamente neutral con el fin de coordinar la respuesta contra la covid-19, en la que se incluya un programa de vacunación en el que los birmanos puedan confiar.
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La antigua Birmania, que al igual que muchas otras naciones de la región logró mantener la pandemia relativamente bajo control en 2020, parecía salir relativamente a flote de su segunda ola de contagios cuando el Ejército derrocó inconstitucionalmente al gobierno de Aung San Suu Kyi, lo que desencadenó una marea de manifestaciones que aún continúa. La agitación popular en las calles y la escasez de pruebas para detectar el nuevo coronavirus han propiciado la propagación descontrolada de la enfermedad en las principales ciudades del país y un tercer brote viral que está siendo más letal que los anteriores.