El diputado Ulises Gómez de la Rosa ha hecho eco de preocupaciones serias sobre un posible quebranto a la hacienda pública en los municipios queretanos de Colón y Tequisquiapan. Durante su intervención, el legislador denunció prácticas inquietantes, incluyendo desvíos en programas sociales, obras sobrevaluadas y adjudicaciones directas sin sustento legal durante el ejercicio fiscal 2024.
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) ha encontrado críticas por parte del Congreso local, particularmente por informes que parecen carecer de la legalidad y confiabilidad necesarias. Gómez de la Rosa ha señalado su firme intención de no permitir la aprobación de cuentas públicas mientras persistan omisiones en la fiscalización de al menos diez ayuntamientos queretanos a lo largo de este año.
El análisis realizado por la LXI Legislatura ha evidenciado prácticas sistemáticas para evadir la Ley de Adquisiciones, con el fraccionamiento de contratos y la falta de padrones de beneficiarios en programas sociales como las faltas más recurrentes en esta zona. Entre las principales observaciones, se destacan las adjudicaciones directas, que se han usado excesivamente para favorecer a ciertos proveedores sin competencia; obras injustificadas, que carecen de documentación y presentan sobreprecios; y programas opacos, donde la entrega de apoyos sociales no cuenta con un registro que aclare el destino de los recursos.
Las consecuencias legales por el mal uso de recursos públicos podrían ser severas en Querétaro. Gómez de la Rosa ha solicitado formalmente a la Fiscalía Anticorrupción que inicie procedimientos para investigar responsabilidades administrativas y penales. De acuerdo con la legislación vigente, las sanciones hacia funcionarios que simulen gastos públicos son contundentes. Para asegurar una correcta investigación, el diputado ha planteado una serie de acciones, entre ellas presentar denuncias ante los Órganos Internos de Control de los municipios involucrados, solicitar la comparecencia del titular de la ESFE y evaluar la posible destitución del Auditor General si se determina que no hay una fiscalización efectiva.
Si bien el foco de la denuncia se centra en el eje Colón-Tequisquiapan, la auditoría legislativa se extiende a un espectro más amplio de entidades fiscales. El Congreso de Querétaro debe emitir dictámenes sobre las cuentas antes de que se cumpla el plazo legal, de lo contrario, podrían prescribir potenciales delitos financieros. Los municipios más vigilados incluyen Colón, que ha recibido quejas por múltiples contratos de obra pública, y Tequisquiapan, que presenta serias inconsistencias en el manejo de su hacienda. Huimilpan también se destaca por sus observaciones relacionadas con la falta de comprobación en sus gastos operativos.
El proceso de dictaminación debe concluir durante el periodo ordinario de sesiones que inicia en abril de 2026. La Mesa Directiva del Congreso tiene instrucciones claras: no validar acuerdos que busquen encubrir el uso indebido de recursos públicos. La situación es crítica y llama a la movilización del cuerpo legislativo para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
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