El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha dado un paso decisivo al terminar el Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación sobre derechos antidumping aplicados a los tomates frescos importados desde México. Esta resolución marca un cambio significativo en la relación comercial entre ambos países, ya que resultará en la imposición de una cuota compensatoria del 17.09% sobre la cesión de la mayoría de los tomates provenientes de México.
La intención detrás de los derechos antidumping es evidente para el gobierno estadounidense: mitigar el impacto de los tomates mexicanos vendidos en su territorio a precios considerados injustos. Según el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, este cambio busca proteger a los agricultores estadounidenses, quienes, según afirma, han sido perjudicados por prácticas comerciales desleales que han mantenido los precios a la baja.
Lutnick subrayó el compromiso de Estados Unidos con México como aliado, pero enfatizó que este cambio es una respuesta a las inquietudes de los agricultores. En sus palabras, “Esto termina hoy”, refiriéndose a la situación que, según él, ha prevalecido durante demasiado tiempo.
El Departamento de Comercio no actúa de manera aislada; en la actualidad, tiene 768 órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios activas debido a diversas prácticas comerciales desleales. Esta política de comercio se alinea con la postura del presidente Trump en relación con México, teniendo como objetivo redefinir y regular las importaciones en un contexto más favorable para la industria estadounidense.
La historia de este conflicto comercial no es nueva. Desde 1996, cuando la industria del tomate fresco estadounidense buscó alivio alegando un daño sustancial por las importaciones mexicanas en condiciones desleales, se han establecido diversos acuerdos de suspensión en 1996, 2002, 2008, 2013 y, más recientemente, en 2019. Este último acuerdo estaba diseñado para asegurar que las importaciones se vendieran a precios mínimos, eliminando al menos el 85% del dumping identificado en las investigaciones pertinentes.
Un aspecto crucial del Acuerdo de 2019 fue la cláusula que permitía su terminación con un preaviso de 90 días, lo que ofrece un margen para renegociar o, en el peor de los casos, quedar sin acuerdo alguno. Al cierre de esta noticia, el gobierno de México no había emitido reacción oficial.
Este desarrollo invita a la reflexión sobre el papel de las políticas comerciales en la dinámica de relaciones internacionales y sus implicaciones más allá de la economía, pues el comercio no solo impacta en los mercados, sino también en las relaciones diplomáticas y en la vida diaria de millones de personas que dependen de estos productos.
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