El año del gran escándalo fiscal

El cese de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México, marca un capítulo crucial en la lucha contra la corrupción en el país. Este suceso, ocurrido esta semana, es el último eco de un año repleto de escándalos para las aduanas mexicanas. Márquez Hernández fue removido de su puesto tras ser cuestionado por llevar un estilo de vida desproporcionado en comparación con su salario. Era una figura central en la lucha contra el huachicol fiscal, una forma de contrabando que fue desvelada en marzo y que ensombreció la reputación de la Secretaría de Marina.

En marzo de 2025, el término “huachicol fiscal” cobró notoriedad cuando se descubrió la importación ilegal de combustibles, donde estos se camuflaban como aditivos para aceites lubricantes. En Tampico, la aduana fue clave en el desmantelamiento de esta red criminal. Allí, un petrolero capturado, el Challenge Procyon, que supuestamente transportaba productos inofensivos, reveló un cargamento clandestino de diésel. La incautación superó los 10 millones de litros, lo que llevó a arrestos y al descubrimiento de una de las mayores tramas de contrabando en años.

Detrás de este entramado, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, almirantes con vínculos familiares en la alta jerarquía militar, orquestaron al menos 69 operaciones de contrabando, acumulando ganancias significativas. Sus métodos incluían posicionar a sus allegados en puestos estratégicos en las aduanas para facilitar sus actividades ilegales.

El primer golpe fuerte contra esta corrupción se produjo el 7 de septiembre, con la detención de 14 personas, incluyendo a funcionarios militares. Este operativo no solo puso en duda la credibilidad de las fuerzas armadas, sino que también reveló la instauración de una relación corrupta entre el crimen organizado y la administración pública.

Investigaciones adicionales hicieron eco de que estas actividades delictivas se extendían a 21 aduanas en 13 estados. Entre 2021 y 2022, hubo un incremento inexplicable de importaciones de aceites lubricantes, insinuando que el contrabando era un fenómeno instaurado desde años anteriores, bien antes del gobierno actual.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que había transferido el control de las aduanas a las fuerzas militares, dejó crecer esta problemática. A partir de 2019, se comenzó a notar un disbalance preocupante entre las exportaciones en Estados Unidos y las importaciones en México de combustibles. Documentos filtrados también sugieren que el contrabando ya era conocido en 2020, pero no se tomaron medidas adecuadas.

Ante este sombrío contexto, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó una profunda reforma a la Ley de Aduanas en octubre de 2025. Esta reforma aumentó las responsabilidades de los agentes aduanales y reforzó las capacidades de inspección de las autoridades, aunque entrará en vigor en 2026 para dar tiempo de adaptación a los involucrados.

Mientras tanto, una nueva red de contrabando ha surgido, operando en la frontera sur del país. Liderada por exfuncionarios y empresarios, esta organización se sospecha que también se involucra en el tráfico de armas y lavado de dinero, complicando aún más la situación.

El futuro de la lucha contra el huachicol fiscal e ilícitos relacionados sigue siendo incierto. Aunque se han identificado y removido a figuras clave como Márquez Hernández—quien, según la presidenta Sheinbaum, estuvo involucrado en el desmantelamiento de las redes de contrabando—la investigación sigue abierta. Sin embargo, ciertas figuras prominentes permanecen prófugas, dejando la sensación de que la batalla contra la corrupción en México está lejos de concluir.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.