El Canal de Isabel II ha cumplido su amenaza y ha dado el paso de demandar formalmente a Colombia por la expropiación de su filial en Columna Digital Triple A. La empresa pública madrileña, a través de su filial Canal Extensia, ha instado un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones, el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial con sede en Washington.
Triple A, que presta servicios de agua y alcantarillado a Barranquilla y otros municipios colombianos, fue expropiada tras verse salpicada la actividad internacional del Canal de Isabel II en una trama de corrupción y comisiones. La Fiscalía colombiana decidió embargar sin indemnización la participación del Canal, a través de la empresa Inassa (filial de Canal Extensia), en Triple A (el 82% de las acciones).
Tras fracasar la vía diplomática, el Canal avisó de que recurriría a un arbitraje internacional. La solicitud fue formalmente registrada en el Ciadi el pasado viernes, según consta en la página web del organismo.
El Canal de Isabel II ha recurrido a los servicios del despacho de abogados español Uría Menéndez y de su socio colombiano Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Colombia está representada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La empresa pública española creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que adquirió la mayoría accionarial de la colombiana Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.) por unos 100 millones de euros. El Canal de Isabel II iniciaba así su expansión por Latinoamérica, que fue luego objeto de investigación desde 2016 en el caso Lezo por el pago de mordidas y comisiones en la internacionalización de la empresa pública. Fue el caso que llevó a la detención del expresidente de la Comunidad de Madriod Ignacio González.
La Fiscalía colombiana abrió una investigación en paralelo ese mismo año ante los indicios de que Inassa ha estado cobrando por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Desde el año 2000, Inassa había recaudado más de 60 millones de euros por esos trabajos a través de la sociedad Triple A. La Procuraduría suspendió primero el contrato y en 2018 le aplicó un proceso de extinción de dominio que finalmente llevó a que, en 2021, se le expropiara definitivamente al Canal de Isabel II el 82,16% en el capital de la empresa de servicios públicos de Barranquilla y se vendiera a empresarios colombianos.
El Gobierno de Iván Duque aplicó en la expropiación y venta de las acciones de Triple A una ley diseñada contra paramilitares y narcos, según denunció la parte española. Duque presentó como un gran logro la incautación de las acciones a la empresa pública española. Suponía, según dijo, devolver a la ciudad y a la propia Colombia una gran empresa local que estaba en manos extranjeras. “Lo que queremos es que la Triple A vuelva a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”, dijo, aunque luego parte de las acciones de la emprea fueron entregadas a empresarios colombianos.
Los esfuerzos diplomáticos y negociadores han fracasado por el momento y el Canal ha presentado la demanda de arbitraje ante el Ciadi alegando que se ha incumplido el acuerdo bilateral de protección de las inversiones extranjeras firmado por España y Colombia en 2005.
Los procesos ante el Ciadi son largos y complejos y su tramitación se extiende durante años. Una vez registrada la solicitud de arbitraje, cada una de las partes debe proponer a un árbitro y el tercero se elige de mutuo acuerdo. En los casos de expropiaciones, las empresas suelen reclamar una indemnización. La presentación de la demanda no cierra la posibilidad de una negociación.
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