El nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado este jueves, una semana después de conformarse, que las elecciones para gobernadores y alcaldes se celebrarán el 21 de noviembre. El anuncio se produce en una semana de intensa carga política en la que, primero, el líder opositor, Juan Guaidó, planteó un cronograma que incluía unos comicios presidenciales y, un día después, el presidente, Nicolás Maduro aseguraba estar dispuesto a reunirse con Guaidó y toda la oposición. Columna Digital vuelve así a entrar en una nueva encrucijada electoral que antes ha dividido a la oposición, pero ahora en medio de un nuevo intento de negociaciones directas entre distintos bandos para encontrar una salida a la prologada crisis institucional venezolana.
Entre los lapsos establecidos en el calendario electoral, hay una primera fecha clave: la del 29 de agosto, tope para presentar candidatos. Es el horizonte sobre el cual los distintos factores de la oposición deberán dirimir si participan o no en esta nueva cita electoral pese a las fallas de origen del nuevo árbitro escogido por una Asamblea Nacional que no fue reconocida internacionalmente, tras las cuestionadas elecciones del pasado 6 de diciembre de 2020. Algunas facciones, sin embargo, incluidas las que respaldan a Guaidó en la llamada Plataforma Unitaria, están en deliberaciones sobre este nuevo escenario, después de haber apostado en bloque por la abstención en los comicios legislativos y, parcialmente, en las pasadas regionales y municipales de 2017.
El nuevo CNE tiene detrás un esfuerzo de negociación de algunos sectores como el Foro Civil, que han logrado incorporar entre los 15 miembros del cuerpo directivo a 4 que representan a la sociedad civil y a la oposición. Uno de ellos, Roberto Picón, designado como rector principal, fue el técnico electoral de la oposición cuando conquistó la Asamblea en 2015 y estuvo preso por supuesta traición a la patria. Hoy está sentado en esa institución.
Guaidó y la mayor parte de las fuerzas que lo acompañan han desconocido estos nombramientos asegurando que los cambios hechos no garantizan unas elecciones libres y justas. La comunidad internacional lo ha calificado como un “primer paso”, aunque no suficiente para destrabar el conflicto. El grupo de Guaidó ha lanzado a Maduro la pelota proponiendo un pacto que incluya elecciones presidenciales y legislativas, justamente las que no que se han convocado en este anuncio, a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones que han asfixiado el aparato financiero del chavismo. Está por verse si en el marco de esas negociaciones que están por comenzar —y que podrían estar mediadas por Noruega y otros actores como la Unión Europea— se acuerdan comicios a ese nivel.
Días atrás, el nuevo árbitro electoral anunció la realización de auditorías amplias del sistema de votación y el padrón electoral, así como la convocatoria de observadores internacionales incluidos los de la Unión Europea y la revisión de las inhabilitaciones de partidos y posibles postulados. En seis meses, los que faltan para 21 de noviembre, la oposición debería pujar por lograr mayores garantías para poder participar.
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