El primer gran juicio contra el comisario José Manuel Villarejo se adentra en una etapa clave con la declaración de los agentes acusados de formar parte de su trama de corrupción policial. Este jueves ha llegado el turno de Enrique García Castaño, un experimentado comisario ya jubilado, con más de 40 años de carrera a las espaldas, exjefe de la unidad de inteligencia de la Policía encargada de las operaciones encubiertas y para quien la Fiscalía pide casi 83 años de cárcel. Castaño ha afirmado que solo facilitó datos a su compañero para actuaciones policiales y ha incidido en la condición especial que, según él, tenía Villarejo con el beneplácito de los altos cargos políticos del Estado.
“Villarejo es un monstruo que han creado los políticos”, ha dicho Castaño, a quien se acusa de facilitar información confidencial a la trama para sus proyectos de espionaje. “Tenía autorización para facturar, se le permitía todo tipo de investigaciones privadas […] Yo he tenido cuatro Villarejos en mi unidad, cuatro agentes que estaban en activo en la Policia y que tenían sus empresas porque eran su tapadera. Estaban autorizados por el Ministerio del Interior”, ha continuado el comisario, que ha considerado una “práctica” habitual el “tener una estructura opaca” para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. “Y lo sabía todo el mundo. Todo el mundo conocía lo del señor Villarejo”, ha añadido en referencia a los altos mandos políticos.
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—¿Qué sabe de las actividades que desarrollaba Villarejo? —se ha lanzado antes el fiscal Miguel Serrano.
—Desde el año 1994, que regresó al cuerpo, toda la corporación sabía perfectamente cuál era su trabajo: estaba en activo [como policía], figuraba como empresario y se le permitía utilizar una estructura empresarial, el grupo Cenyt, en beneficio de la Policía y del CNI —ha respondido el acusado.
Sus palabras coinciden con la versión ofrecida el miércoles por otro procesado, el inspector jefe Constancio Riaño, que estaba bajo las órdenes de García Castaño, con quien actualmente se encuentra enfrentado —se culpan mutuamente de facilitar los datos confidenciales a la trama—. “De Villarejo, toda la unidad tenía muy buena impresión. Era un señor que estaba autorizado por los altos cargos políticos para tener empresas para ayudar al país. En la Policía, en petit comité, se decía que era un hombre que trabajaba para los servicios de seguridad del Estado y para nuestro país”, ha asegurado el agente Riaño.
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La respuesta de ambos respaldan parte de la tesis de Villarejo, que afirma que nunca pudo cometer delitos con sus negocios porque reforzaban su tapadera como agente encubierto. Pero Anticorrupción ya dejó claro que no ponía en duda que el cabecilla de Cenyt trabajara como “policía de inteligencia” o que, incluso, tuviera la “condición estructural de colaborador del CNI”; sino que, precisamente, el problema residía en que Villarejo se extralimitó en su labor para “lucrarse” cobrando por encargos de espionaje pagados por empresas y particulares.
García Castaño, al que se conocía en el cuerpo con el alias de El Gordo, ha negado que él cometiese cualquier ilegalidad. Según ha repetido, siempre que facilitó datos confidenciales a Villarejo, eran para “operaciones policiales”: “Y, cuando tenía alguna duda, consultaba con el director adjunto operativo, Eugenio Pino”. En esa línea, Castaño ha incidido en que nunca aportó información sensible para los encargos de espionaje privados, pese a que el ministerio público mantiene que participó en el Proyecto Iron, que versa sobre la contratación de Villarejo por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar a otro despacho rival, Balder; y en el Proyecto Land, que se centra en la guerra familiar de los herederos del promotor Luis García-Cereceda.
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