El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha instado este jueves al Gobierno español a que restablezca de inmediato el suministro eléctrico a las zonas de la Cañada Real Galiana de Madrid que llevan ya dos años sin luz. Además, le ha dado hasta el 15 de diciembre de plazo para que informe a este organismo con sede en Estrasburgo sobre las medidas que prevé implementar para cumplir este requerimiento y proteger así de cara al inminente invierno a la población vulnerable del mayor asentamiento irregular de Europa.
El Gobierno debe “garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a electricidad y calefacción, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluidos niños, personas con discapacidades, con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y gitanos)”, indica el comité en una decisión en la que además admite a trámite una reclamación de varias organizaciones, en su mayoría internacionales, por el prolongado corte de electricidad que sufre una parte de esta barriada madrileña.
También insta a España a “ofrecer un alojamiento alternativo” cuando no sea posible garantizar luz y calefacción a estas personas vulnerables y llama al Gobierno a “asegurarse de que todas las autoridades públicas relevantes” son informadas de esta decisión de “medidas inmediatas” adoptadas por “unanimidad” en el Consejo. Este organismo decide emitir la denominadas medidas inmediatas cuando considera que son “necesarias para evitar daños irreparables a las personas afectadas”.
Fuentes del Consejo de Derechos Sociales recuerdan que, aunque no existe un mecanismo que permita obligar a los Estados a implementar las medidas inmediatas, se considera que países como España, que han ratificado los tratados relevantes, deben “respetar” las decisiones y conclusiones de este organismo regional que vela por el cumplimiento de los derechos económicos y sociales incluidos en la Carta Social Europea Revisada que el Gobierno español ratificó en mayo de 2021. Por ello, agregan, se espera que cumplan las medidas inmediatas que emite “de buena fe”. Además, recuerdan las fuentes, las decisiones del Consejo de Derechos Sociales pueden ser utilizadas ante un tribunal nacional.
La denuncia que ha llevado a esta decisión fue interpuesta el pasado 2 de marzo por las organizaciones Defence for Children International (DCI), European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), el International Movement ATD Fourth World y el sindicato español Comisiones Obreras. Las organizaciones pedían al Comité de Estrasburgo que confirmara que la situación en Cañada Real incumple casi una decena de artículos de la Carta Social Europea Revisada que garantizan el derecho de las familias y las personas más vulnerables ―niños, mayores, personas con discapacidades o minorías étnicas e inmigrantes― a la protección de su salud, su integración social y económica, a no ser discriminadas y a la igualdad de oportunidades, entre otros.
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Los denunciantes señalaron en su reclamación ante Estrasburgo que los cortes de electricidad que comenzaron en octubre de 2020 y que siguen vigentes en algunas zonas de la Cañada Real Galiana tienen un “grave impacto negativo” en la vida de al menos 4.500 habitantes de esta barriada, entre ellos 1.800 menores. Por ello, pedían que el Consejo exigiera ―como hace ahora― que España restablezca de inmediato el acceso a luz y calefacción o que ofrezca alternativas de alojamiento para aquellos a los que no les pueda garantizar este servicio básico.
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