El crecimiento económico de México requiere justicia

En una reciente intervención en la 88 Convención Bancaria, un prestigioso académico ha destacado la compleja realidad que enfrenta México en el ámbito del desarrollo institucional y económico. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas para fortalecer la democracia, el país se enfrenta a graves retrocesos en aspectos cruciales como el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la calidad regulatoria. Estos elementos, según el académico, son obstáculos significativos para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El académico señaló que, si bien México ha progresado notablemente en el ámbito político desde que el PRI dejó el poder en 2000, la mejora en otras dimensiones del fortalecimiento del Estado y el empoderamiento de la sociedad no ha sido equivalente. Esto lo coloca en un camino lento hacia la inclusión social y política. Un informe del Banco Mundial resalta que, desde el cambio de milenio, la calidad regulatoria y el control de la corrupción han disminuido, lo que subraya la urgencia de reformas institucionales.

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Sin embargo, hay aspectos positivos que resaltar. Actualmente, la población mexicana muestra altos niveles de confianza en el gobierno, lo que es un activo valioso en la necesidad de fortalecer las instituciones. Este capital político debe ser aprovechado para garantizar un entorno más inclusivo y funcional.

Para el académico, la búsqueda de un bienestar económico generalizado no puede limitarse a acciones de redistribución del ingreso que se centran solo en la población en pobreza extrema. Se requiere un enfoque más amplio que contemple la mejora en los estándares de vida y el desarrollo de toda la ciudadanía, promoviendo un sector privado dinámico como motor de crecimiento. Históricamente, ningún país ha logrado un crecimiento acelerado sin contar con un sector privado robusto y activo.

Este diagnóstico planteado en el marco de la convención subraya la imperante necesidad de tomar medidas preventivas y proactivas que aseguren un futuro más sólido para la economía mexicana y, sobre todo, para su población, en un contexto que demanda urgente atención y acción.

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