El caso Pegasus se ha cobrado su primer detenido en México. La Fiscalía General de la República (FGR) arrestó el 1 de noviembre a Juan Carlos García, miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, por su “probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido públicamente como Pegasus”, según ha anunciado la institución este lunes. Aunque la FGR no explicita en el comunicado de qué periodista se trata, en un informe anterior agradeció su “denuncia y participación permanente” a la reportera Carmen Aristegui, que fue víctima de espionaje. Una investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories destapó el pasado julio que medio centenar de Gobiernos de todo el mundo espiaron a más de 50.000 activistas, periodistas, y disidentes políticos, a través de este software diseñado por NSO Group, una empresa israelí de ciberinteligencia y seguridad.
México fue Columna Digital con más objetivos potenciales, más de 15.000 personas en la diana del programa de espionaje, entre ellas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. La mayoría de los contratos fueron firmados por el Gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), pero fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, miembro del PRI, (2012-2018) cuando con más intensidad funcionó Pegasus en el país. García fue empleado en esos años de Proyectos y Diseños VM, una de las compañías que Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló como parte de una red de empresas que se encargó de adquirir el software para luego comercializarlo con entidades públicas. Entre ellas, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional o la extinta Procuraduría General de la República. Así lo atestiguan una decena de contratos difundidos por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que vinculan a Proyectos y Diseños VME tanto con NSO Group como con los organismos públicos.
García fue arrestado en Querétaro y trasladado “de manera inmediata” a Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. El mismo día de su detención, fue acusado de haber utilizado el software para espiar el teléfono de una periodista, con la agravante de “afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión”. El juez ha otorgado cuatro meses a los investigadores de la FGR para continuar con las pesquisas al respecto. Durante ese tiempo, García permanecerá en prisión como medida cautelar, ya que la institución considera probable un intento de fuga del país, y ante “los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso”.
Pegasus funciona como un virus, que una vez instalado en un dispositivo, permite a quien lo usa acceder a su agenda, fotografías, cámara o archivos guardados. Debido a sus implicaciones, NSO Group siempre ha defendido que solo comercializa su software con Gobiernos, como una medida de apoyo en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, la FGR considera que al menos una empresa, KBH Track, funcionó como una operadora en México de la compañía israelí. De KBH Track se recuperó un disco duro que “demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hallan identificados plenamente para efectos judiciales”, según un comunicado de la Fiscalía.
El director de la UIF, durante una conferencia el 21 de julio de 2021, aportó un listado más amplio de colaboradores de la compañía israelí, en el que incluía a una decena de empresas fachada. Entre ellas, Grupo Tech Bull, la responsable del contrato del que más se conoce hasta el momento, valorado en 32 millones de dólares, o Proyectos y Diseños VME, a la que pertenecía el detenido. La compañía para la que trabajaba García fue también señalada por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el 28 de julio, de acuerdo con la agencia EFE. Ese día, Rodríguez denunció que hubo 31 contratos relacionados con NSO Group y Pegasus entre 2011 y 2018 —durante los Gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto—que ascendían a 1.970 millones de pesos. La compañía figuraba entre esos papeles.
La investigación de la UIF considera que, en el caso mexicano, la adquisición de Pegasus constituyó también un proceso de desvío de fondos públicos, a través del cual se habrían engordado las facturas de las compañías implicadas, especialmente durante el sexenio de Peña Nieto. Las empresas forman una compleja telaraña de relaciones comerciales, filiales y vinculaciones de distinto tipo, diseñada para dificultar su rastreo. Llevan vinculadas al caso desde 2014, cuando la Procuraduría General de la República firmó un contrato para la adquisición del software por más de 32 millones de dólares. El documento, firmado por Tomás Zerón, antiguo jefe de Investigación del organismo y hoy prófugo de la justicia en Israel por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vio la luz años después, en 2017, cuando empezó la investigación sobre el software.
La detención de García —una figura por otro lado desconocida hasta el momento— constituye el primer avance en la investigación, que hasta el momento solo había prosperado en el caso de una de las víctimas de espionaje, la periodista Carmen Aristegui, gracias al propio testimonio de la reportera y los datos que ha aportado a través de un extrabajador de KBH Track. Sobre la mesa aún están los nombres, todavía sin acusaciones formales, de los responsables de los organismos públicos que utilizaron el software: los generales Salvador Cienfuegos y Guillermo Galván, titulares de Defensa durante los sexenios pasados; el secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong; el Procurador General de la República entre 2012 y 2015, Jesús Murillo Karam; Zerón, o los propios expresidentes.
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