El Estado ha devuelto a la Generalitat los 4,9 millones de euros que, según resolvió el Tribunal de Cuentas por sentencia, la propia Administración catalana malgastó en la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014. Esta suma está ingresada ya en una cuenta accesible a la Administración catalana, aunque de momento no puede utilizar el dinero hasta que se declare formalmente la firmeza de la sentencia condenatoria, procedimiento que aún no se ha completado. La restitución efectiva de dichos fondos se completará en breve, en cuanto el Tribunal de Cuentas concluya los últimos trámites.
El proceso se puso en marcha hace pocos días, cuando el citado órgano fiscalizador de las cuentas públicas recibió copia de las resoluciones por las que el Tribunal Supremo inadmitió en julio último los recursos del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros implicados en dicho expediente de responsabilidad contable. Este paso implica que el fallo condenatorio dictado en su día contra los investigados adquiere firmeza y entra en fase de ejecución por parte del Tribunal de Cuentas.
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En julio pasado los 4,9 millones ya quedaron a disposición de la Generalitat, en las condiciones citadas. Lo pidieron los propios investigados, para facilitar que esta suma no siguiera devengando intereses. Dado que fue la Generalitat la Administración perjudicada por los gastos irregulares realizados para la celebración de la consulta, será la que reciba la cantidad que el Tribunal de Cuentas estima debida y obligadamente recuperada para las arcas públicas catalanas. Lo paradójico de la situación es que la Generalitat en ningún momento formuló reclamación alguna en relación con el destino dado a los fondos que se utilizaron para organizar el 9-N.
Una parte importante de esos fondos fueron invertidos en la adquisición de 7.000 ordenadores utilizados para recoger datos sobre los resultados de la consulta, y luego empleados como dotación de centros educativos. Las defensas se remitieron a este dato durante el proceso para sostener que el dinero invertido en dichos portátiles no podía considerarse irregularmente gastado, puesto que terminó formando parte del equipamiento de las escuelas de Cataluña.
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El Tribunal de Cuentas, por su parte, consideró probado que los ordenadores se usaron para facilitar la consulta, y por tanto se pusieron al servicio de un fin ilícito, como fue llevar a cabo una iniciativa prohibida por el Tribunal Constitucional, que a su vez fue desoído. A resultas de ello se inició también un proceso penal que concluyó con la condena de Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por delito de desobediencia, por el que el Supremo les impuso penas de 13, 9 y 6 meses de inhabilitación, respectivamente. Posteriormente, el exconsejero Francesc Homs fue condenado también a 13 meses de inhabilitación, en proceso aparte, como aforado al ser entones portavoz del PDeCat en el Congreso.
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