El Gobierno de coalición presentó ayer el paquete de medidas fiscales con el que gravará más a las rentas altas, grandes patrimonios y empresas y reducirá la carga impositiva sobre los contribuyentes de menores ingresos. Entre las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se encuentra un nuevo gravamen sobre la riqueza compatible con el impuesto sobre el patrimonio para evitar doble imposición. También hay cambios en Sociedades que castigan a las grandes empresas y alivian a las pequeñas, y modificaciones en el impuesto sobre renta de las personas físicas (IRPF) y en el IVA. Con todas las medidas, el aumento de ingresos será de 3.144 millones de euros en 2023 y 2024, los ejercicios para los que se ha diseñado el grueso del plan.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, dejan la puerta abierta a que nuevas figuras como el impuesto sobre la riqueza se prolonguen más allá de 2024, haciéndose incluso permanentes. En concreto, fuentes del Gobierno explican que la regulación de este impuesto incluirá una “cláusula de revisión para evaluar su prórroga anualmente”. Es una forma, añaden, de luchar contra la carrera a la baja abierta por varios gobiernos regionales en un momento en el que la fiscalidad ha logrado un papel clave de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, en mayo, y generales.
Todos los impuestos que ya existen y que se modifican irán en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que el nuevo gravamen a las grandes fortunas irá por tramitación parlamentaria, ya que las cuentas públicas no permiten la creación de nuevas figuras impositivas. También irá por esa vía el castigo en Sociedades que limita las bases negativas para las grandes empresas.
La ministra Montero reconoció que habitualmente esta presentación suele producirse en paralelo a la de los PGE, pero por cuestión de transparencia, el Gobierno ha querido dedicar una jornada especial a la materia para practicar “pedagogía fiscal” contra el “populismo tributario”.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tildó de “decepcionante y escasa” la reforma por no tener efectos ya en 2022. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, dejó abierta la puerta al apoyo al plan siempre que vaya fuera de los PGE, aunque criticó que algunas medidas, como la tasa a las grandes fortunas, choquen con las competencias autonómicas.
Riqueza
El nuevo impuesto sobre la riqueza es una de las figuras más polémicas, a raíz principalmente de la batalla abierta entre las comunidades gobernadas por el PP y las del PSOE por las bonificaciones. La tasa, en principio temporal, tendrán que abonarla los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable, aunque podrán descontarse el pago en su totalidad si también tributan por Patrimonio. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%. En total hay 23.000 afectados potenciales, con un impacto esperado de 1.500 millones de euros, según Montero.
La figura está diseñada, tal y como adelantó este diario, para combatir en la práctica las bonificaciones de las regiones que han eliminado o reducido el peso del impuesto, por lo que la nueva tasa tendrá una deducción total en las autonomías en las que Patrimonio siga funcionando.
La nueva figura, de hecho, se inspira en la original manteniendo la exención por vivienda habitual en los 300.000 euros, así como las reglas de valoración del patrimonio y las exenciones a la empresa familiar. Fuentes del Gobierno reconocen por ello que el grueso de estos 1.500 millones se obtendrá en las zonas que bonifican el impuesto. Estas son Madrid, Andalucía y Galicia, que lo bonifican total o parcialmente.
Se da la paradoja, por lo tanto, de que estos ingresos irán a parar al Estado, mientras que los que se obtienen por Patrimonio van a cada comunidad autónoma. El mensaje del Ejecutivo es claro en este sentido: la riqueza de las grandes fortunas se gravará en cualquier caso, por lo que las regiones tendrán que decidir si ingresan lo recaudado mediante Patrimonio o si pierden ese dinero en favor de Hacienda. Desde el Gobierno reconocen que es “más que probable” la litigiosidad con las comunidades y estudian mantener el pulso para combatir esta carrera a la baja que redunda en una menor recaudación. Madrid, que lleva bonificando el impuesto desde 2011, pierde más de 900 millones al año por esta rebaja.
Renta
En el IRPF, el Ejecutivo ha consensuado varias medidas destinadas a gravar más las rentas altas y a suavizar la carga sobre los contribuyentes de menos ingresos.
Por un lado, se ha aprobado un incremento impositivo sobre las rentas de capital superiores a los 200.000 euros, pasando del 26% al 27%. Para las plusvalías superiores a 300.000 euros, por su parte, el nuevo tipo se situará en el 28%. En total, según los cálculos de Hacienda, habrá unos 17.800 contribuyentes, con un aumento de 204 millones en los ingresos.
Otra de las medidas clave del paquete fiscal es una extensión de las reducciones por rendimientos del trabajo en el IRPF, una medida que, según Hacienda, beneficiará a la mitad de los trabajadores de España habida cuenta de que el salario mediano se sitúa en los 21.000 euros anuales. Así, los que están por debajo de los 21.000 euros anuales ahorrarán un total de 1.881 millones en este impuesto en 2023 y 2024. Hasta ahora, la reducción se situaba en los 18.000 euros.
Este cambio tributario implica también elevar desde los 14.000 hasta los 15.000 euros el mínimo exento de tributación, con lo que se garantiza que quienes cobren el salario mínimo (que ahora es de 14.000 euros anuales) seguirán sin tributar por IRPF.
Como ejemplo, un trabajador sin descendientes que gana 18.000 euros anuales se ahorraría 746 euros en IRPF y un trabajador casado con dos descendientes y un sueldo de 19.000 euros en declaración conjunta, 331 euros.
Montero subrayó que esta medida “beneficia a las personas que tenemos que proteger” y no al conjunto de los contribuyentes, como ocurre con la deflactación de la tarifa que han hecho comunidades gobernadas por el PP.
Sociedades e IVA
En el apartado empresarial, el Gobierno ha rebajado el tipo nominal en Sociedades en dos puntos porcentuales para las pequeñas compañías, pasando del 25% actual al 23%. Las beneficiarias serán unas 407.300 pequeñas empresas, con una cifra de negocio inferior al millón de euros. Al otro lado, el Ejecutivo ha limitado en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados, una medida que afectará a unas 3.600 grandes empresas que declaran por este impuesto. El impacto será de casi 2.500 millones para 2023 y 2024.
Respecto al IVA, el paquete incluye también la bajada del 10% al 4% en los productos de higiene femenina.
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