A Carmen Rodríguez la cesaron en octubre del año pasado, poco después de la renuncia de Alberto Reyero como consejero de Políticas Sociales. Él fue quien la nombró en septiembre de 2019 como responsable de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Con Reyero fuera, quien lo sucedió, el hasta entonces viceconsejero de ese área, Javier Luengo, hizo salir a Rodríguez. Cuenta al teléfono que Luengo le dijo que la razón respondía a que “no querían una gestora ni un perfil técnico, sino uno político”.
Ella, nacida en 1965, es funcionaria de carrera desde 1989, con 24 años. “Estaba ahí para hacer mi trabajo y eso era mejorar proyectos o crear nuevos para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, sobre todo”, dice la exdirectora. Ahora, meses después de su cese, denuncia “el maltrato institucional a la Dirección de Igualdad y el mal uso de fondos destinados a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de violencia de género”.
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Ese “hacer su trabajo” fue lo que tuvo que ver con su nombramiento. Reyero y ella se conocían desde hacía años. Coincidieron en el ya desintegrado UPyD (Unión, Progreso y Democracia) de Rosa Díez; ella trabajaba en un Punto de Encuentro Familiar [centros para que los menores se encuentren con sus progenitores en casos de violencia de género] en Móstoles y él se ocupaba de cuestiones de Infancia.
Dice que llegó “con muchísima, muchísima ilusión a la Comunidad” porque ha llevado consigo, “desde siempre, la perspectiva de género que hay que dar para facilitar la igualdad”. Pero esa ilusión y ese “hacer su trabajo” es también lo que cree que tiene que ver con su marcha: “Haber sido gestora, saber cómo funciona la administración y exigir lo que le correspondía a la Dirección de Igualdad”.
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Una de las primeras cosas con las que se encontró cuando llegó es que Hacienda, la consejería que lleva Javier Fernández-Lasquetty, no había transferido a Igualdad lo que le correspondía de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que anualmente, desde 2018, el Gobierno central ingresa a las autonomías. “Empecé a preguntar por ese dinero en cuanto nos pusimos a hacer la justificación con los fondos de 2019, nosotros habíamos anticipado ese dinero de la Dirección para poder trabajar y Hacienda tenía que abonarlo”, recuerda Rodríguez.
Hizo esa misma pregunta muchas veces. También pidió a Reyero que intercediese con Lasquetty. Reyero lo hizo, también en repetidas ocasiones. Pero el dinero, al menos 29,7 millones de euros, no llegaba. Rodríguez asegura que justificaron “prácticamente el 100% de 2018 y 2019, con proyectos nuevos y mejorando muchísimo los ya existentes”. Recuerda, si se le pregunta por algo específico, el proyecto que pusieron en marcha en mitad de la pandemia, una experiencia piloto de cuatro meses: “La quise dilatar y la quitaron de en medio. Eran los “pisos de autonomía”, para mujeres víctimas de violencia de género a las que ya no servían las órdenes de alejamiento y no podían continuar más en sus hogares”.
“Va a haber un retroceso”
Esa dirección de la que salió Rodríguez no tuvo siempre ese nombre. En septiembre de 2019, la consejería, bajo la dirección de Reyero, lo cambió y sustituyó “mujer” por “igualdad” para recoger todo aquello relacionado con el colectivo LGTBIQ en la propia denominación del área. Lo repite ahora, también al teléfono, el exconsejero, como recuerda que lo explicó cuando se produjo el cambio. Ahora, ese cambio que él quiso dar, dice, “va en otro sentido”.
Ve el futuro “complicado” y asegura que él ve “lo mismo que se puede ver desde fuera”, “que el compromiso del PP nunca ha sido muy grande en este ámbito y ahora demás se ha mezclado con Vox”. Con Ciudadanos aún en el Gobierno, cuenta, “había resistencia a cualquier cuestión por parte de ese partido, pero ahora no tienen ningún freno”. Y de dónde se parte, asegura, también importa: “Los presupuestos de violencia de género se han reducido en los últimos diez años de manera importante y siempre ha habido problemas de ejecución presupuestaria, pero aunque los haya, hay que ejecutar como sea ese presupuesto, aunque sea más pequeño”.
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Reyero no habla solo de violencia de género o igualdad, también del colectivo LGTBIQ: “Alguien que habla de “personas con LGTBI”… Retrata bastante cómo entiende estos temas”. Se refiere a Concepción Dancausa, la nueva consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid desde las elecciones del pasado 4-M. “¿Como es posible que ustedes nos echen en cara a nosotros que no apoyamos a las personas con LGTBI?”, fue la pregunta de Dancausa a la oposición en la Asamblea el pasado 8 de julio. El político de Ciudadanos está convencido de que “va a haber un retroceso y se va a traducir en determinadas cuestiones porque, además, van a estar muy pendientes de lo que exija o no exija Vox”, socios de gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La nueva directora de Igualdad, la exdiputada en el Congreso por Ciudadanos, Patricia Reyes, fue nombrada el pasado junio. “Lo va a pasar muy mal”, espeta Reyero: “No es lo mismo ser directora de ese área con alguien de Ciudadanos que con alguien del PP, pero más a la derecha del PP”. Carmen Rodríguez también hace referencia a ella: “Ojalá pueda recuperar ese dinero que tanta falta hace”.
Otras marchas por decisiones técnicas
Carmen Rodríguez, la ex directora de Igualdad, no ha sido el único cargo técnico que ha dimitido o cesado en los dos últimos años en la Comunidad. Aunque ha habido más de una docena de ceses y dimisiones en el equipo de Ayuso, no todas esas salidas han respondido a las mismas cuestiones. Dejando fuera a los cargos salientes relacionados con procesos judiciales o motivos personales, al menos otras tres personas han quedado fuera por motivos que tenían que ver con su criterio profesional.
Yolanda Fuentes, la también ya exdirectora general de Salud Pública, es el ejemplo más visible de esta confrontación durante la pandemia. El 8 de mayo de 2020, cuando se produjo la desescalada tras el confinamiento de todo el territorio español, ella, máxima autoridad técnica en la gestión de la crisis sanitaria, no quiso avalar el cambio de fase que quería solicitar el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno regional pidió ese avance sin cumplir con los requisitos que el Ministerio de Sanidad solicitaba a las autonomías para desescalar, y lo hizo sin su aprobación. Fuentes decidió marcharse.
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El que menos duró en su cargo fue Emilio Bouza, nombrado portavoz del Grupo Covid-19. Fue nombrado un jueves y se marchó ese sábado. El que fue jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del hospital Gregorio Marañón explicó así su marcha 48 horas después de su entrada: “Creí en lo que se prometía y, tras unas horas de reflexión, acepté al percibir la demanda como una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación. Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento”.
El último, “cese, a petición propia”, el pasado 8 de julio, fue Juan González Armengol, como viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Armengol, jefe de Urgencias en el Clínico San Carlos y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), duró menos de un año en el cargo. Fue nombrado en octubre del pasado año y fuentes cercanas a su entorno han comentado los enfrentamientos de este médico con el Gobierno madrileño, a cuenta de decisiones con las que no estaba de acuerdo. Armengol quería decidir en función de criterios sanitarios y técnicos y se encontraba con argumentos políticos.
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