La reciente promulgación de la Ley General de Economía Circular en México ha abierto un amplio debate que trasciende las meras cuestiones ambientales. Más allá de ser simplemente una normativa “verde”, se trata de una estrategia de política económica destinada a transformar nuestros modelos de producción y distribución, así como a repensar el destino de lo que actualmente se descarta.
A pesar de que en papel la ley suena prometedora, su verdadero desafío reside en la implementación. México ha vivido situaciones similares, como ocurrió con la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, publicada en abril de 2024. Esta legislación también prometía cambios significativos, pero ha enfrentado dificultades en su reglamentación y avance, lo que trae consigo la preocupación de que la nueva ley de economía circular pueda quedar en el plano de lo superficial, donde todos estén de acuerdo, pero no haya una real transformación operativa.
El sistema actual favorece la desechabilidad sobre la gestión eficiente de recursos. En sectores como el retail y la alimentación, el desperdicio no es un evento accidental; es una consecuencia directa de cómo funcionan nuestras cadenas de suministro. Por ejemplo, una manzana puede perder su viabilidad mucho antes de llegar al consumidor final, debido a criterios estéticos o daños durante el transporte. Sin un entendimiento integral de esta dinámica, cualquier solución que se implemente será, en el mejor de los casos, incompleta.
La ley representa una oportunidad valiosa para reconstruir nuestras operaciones, pero su éxito dependerá de un marco viable para su implementación. No se trata de señalar a las empresas, muchas de las cuales ya están avanzando en sostenibilidad. Sin embargo, la falta de un estándar común puede llevar a que los actores optimicen solo para beneficiarse a sí mismos, sin alterar el sistema en su conjunto. Un enfoque gradual podría ser más efectivo, comenzando con el retail organizado y las grandes empresas para que generen un efecto de propagación.
Los sellos de circularidad son otra herramienta en este camino, pero su éxito radica en su capacidad para aportar valor real al consumidor. De otra manera, se convertirán en un mero símbolo sin impacto significativo en el mercado. La infraestructura es otro elemento crítico; sin una trazabilidad clara y gestión de los excedentes, el desperdicio tiende a normalizarse.
La economía circular no solo tiene implicaciones ambientales; también es un asunto de gestión económica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que el desperdicio de alimentos puede representar hasta un 10% del PIB cuando se consideran sus efectos directos e indirectos. Cada alimento lleva en su costo el precio de lo que se perdió en el proceso. Disminuir este desperdicio no solo es una buena práctica; es una cuestión de eficiencia vital para mitigar aumentos de precios en un contexto de creciente inseguridad alimentaria en el país.
Por lo tanto, la pregunta no es únicamente cómo afectará esta ley, sino cómo puede traducirse en valor tangible. Para las políticas públicas, el desafío se cierne sobre cómo facilitar la redistribución y reutilización de recursos de manera rentables. Mientras seguir desechando siga siendo la opción más sencilla, la realidad no cambiará.
Países como Chile ya han empezado a implementar regulaciones que reflejan estos principios en América Latina. México tiene la oportunidad de avanzar en esta dirección. La economía circular se edifica desde la rutina diaria y la ley abre una ventana para promover esa transformación, que requiere incentivos, infraestructura adecuada y, sobre todo, coordinación, especialmente para las pequeñas empresas que actualmente enfrentan márgenes de ganancia ajustados y escasas capacidades para gestionar sus excedentes.
Si la ley no se complementa con incentivos claros y reglas que faciliten su cumplimiento, corremos el riesgo una vez más de contar con una legislación admirable que, sin embargo, no consiga producir cambios reales en el terreno.
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