El magistrado canario Salvador Alba tendrá que entrar en prisión para cumplir una pena de seis años y medio por maniobrar contra su colega y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell. El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la condena que le impuso en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Además de la pena de prisión, la Sala de lo Penal confirma una pena de 18 años de inhabilitación para Alba, que ya estaba apartado de la carrera por haber sido suspendido provisionalmente a la espera de la sentencia firme. El magistrado tendrá también que pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil.
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Los jueces del tribunal canario dieron por probado que Alba se concertó de manera ilegal en 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que este aportara documentos que cuestionaban la imparcialidad de Rosell como juez. Lo hizo tras acceder al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que hasta entonces ocupaba Rosell y que había quedado vacante después de que esta solicitara una excedencia para presentarse a las elecciones generales de 2015 en la lista de Podemos. El magistrado solicitó expresamente por escrito al Consejo General del Poder Judicial su traslado a ese juzgado, en el que Rosell instruía desde 2014 una causa por delitos fiscales contra el empresario Ramírez, entonces dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente, todavía hoy, de Las Palmas CF.
Nada más llegar al juzgado, Alba contactó con un abogado de la causa para que le facilitara contratos que vincularan a la entonces pareja de la juez Rosell, el periodista Carlos Sosa, con las empresas de Ramírez. También citó al empresario al que mantenía como investigado a una entrevista cuya principal finalidad, según el alto tribunal “no era recibir declaración al imputado, lo que también tendría lugar, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción”. El objetivo, según los jueces, era perjudicar a la magistrada y dar alas a una querella contra ella que había presentado el exministro José Manuel Soria.
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