La licencia de obra del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Es uno de los últimos trámites en un proceso que arrancó hace diez años. El Consejo de Ministros acordó el pasado martes la creación de una comisión de trabajo forense en las criptas del Valle de los Caídos para atender la petición de los familiares de 60 personas allí enterradas sin su consentimiento y quiere iniciar las exhumaciones cuanto antes, consciente de que el tiempo transcurrido ya es demasiado. Manuel Lapeña, por ejemplo, ya no podrá celebrar la recuperación de los restos de su padre y de su tío porque a los 97 años ha perdido la memoria.
El Ejecutivo pretende llevar al Parlamento la nueva ley de memoria democrática —que incluirá un artículo específico sobre el monumento— después de la ley trans, que irá previsiblemente al Consejo de Ministros del martes. Estos son los hitos del turbulento camino para resignificar el Valle de los Caídos.
Año 2011. El comité de expertos. El 29 de noviembre de 2011, el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero —Mariano Rajoy acababa de ganar las elecciones— presentó el informe del comité de expertos al que había encargado siete meses antes un plan sobre el Valle de los Caídos. Era la primera vez que la democracia se planteaba intervenir en un monumento que se regía por los mismos principios que Franco había dejado atados y bien atados. El comité, integrado por filósofos, juristas, antropólogos y un antiguo benedictino, propuso trasladar fuera del mausoleo los restos del dictador y mover los de José Antonio Primo de Rivera desde el altar a una de las criptas, como el resto de víctimas.
Uno de los motivos que les empujó a proponer esa solución fue la situación de los republicanos inhumados en el Valle. Y cuyas familias consideraban una aberración que su ser querido estuviera enterrado “junto al verdugo”. En el mausoleo yacen, al menos, 33.833 personas (el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel). Y entre ellos, centenares de republicanos que fueron trasladados de forma clandestina. Las primeras catas forenses habían detectado daños en las criptas, lo que complicaba la identificación de los huesos. Posteriores intervenciones concluyeron que esos desperfectos no eran iguales en todas las criptas. En 2016, Manuel Lapeña obtuvo una sentencia favorable a la exhumación de los restos de su padre y de su tío. No se ha ejecutado aún.
La era Rajoy. El ministro de la presidencia Ramón Jáuregui pidió en 2011 al Gobierno entrante que no metiera el informe del comité de expertos “en un cajón”. Pero eso fue exactamente lo que hizo Mariano Rajoy. El Ejecutivo del PP también redujo a cero las partidas destinadas para la aplicación de la ley de memoria histórica.
Junio de 2018. Pedro Sánchez retoma el plan. Empieza una larga batalla con los Franco. El 17 de junio de 2018. Adelantó en exclusiva que el nuevo Gobierno planeaba trasladar los restos de Franco y retomar el proyecto de resignificación del Valle de los Caídos. Pero la exhumación no se producirá hasta octubre de 2019 tras una larga batalla judicial con los herederos del dictador. El Supremo, además del poder ejecutivo y el legislativo, avalará finalmente el proceso que un juez de Madrid, José Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas, había tratado de impedir suspendiendo la licencia urbanística. Yusty, célebre en la carrera judicial por sus ataques a la memoria histórica, alegó el artículo de la Constitución que impide las “torturas” y la pena de muerte.
El Gobierno aprueba una partida de 665.000 euros. El pasado marzo, tres meses después de aprobar definitivamente los Presupuestos, el Ejecutivo destinó una partida de 665.000 euros para intervenir en el Valle de los Caídos y poder devolver los restos a las familias que los reclaman. Para entonces expertos del CSIC ya habían elaborado un concienzudo informe sobre el estado de las criptas. El forense Francisco Etxeberria, que ha analizado, entre otros, los restos de Pablo Neruda y Salvador Allende, dirigirá las exhumaciones.
Concurso de ideas, web y pedagogía. Una de las claves de la nueva ley de memoria es la pedagogía. Un grupo de arqueólogos ha trabajado ya en la excavación del poblado que albergó a los presos y obreros que construyeron el monumento. El antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz explica que “para que pueda articularse una pedagogía democrática en el lugar se investigarán a fondo los traslados de restos, el uso de mano de obra presa y la arquitectura franquista”.
La idea es que todo ese material se vuelque en una web específica y que el Valle de los Caídos se convierta en un centro de interpretación. Para eso es preciso modificar el decreto franquista que todavía rige el monumento —depende de la nueva ley de memoria— y se contempla la convocatoria de un concurso para que los artistas puedan aportar ideas para el monumento y equipararlo a otros centros de memoria similares en el mundo.
