Seis importantes organizaciones empresariales han expresado su fuerte oposición a la reciente propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar viviendas ocupadas de manera irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra. Este posicionamiento, que data del 19 de junio de 2025, fue respaldado por entidades representativas del sector privado, incluyendo la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco Cdmx), entre otras.
En su comunicado conjunto, estas organizaciones argumentan que la propuesta del Infonavit vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores. Al legalizar la ocupación de viviendas sin escrituración y ofrecer precios subsidiados, los firmantes consideran que se estaría normalizando la invasión de propiedades, lo que equivale a “institucionalizar la ilegalidad” y a distorsionar el mandato legal del Infonavit.
La crítica no se detiene allí. Los empresarios recalcan que el Infonavit no puede transferir viviendas que no le pertenecen legalmente ni beneficiar a quienes no tienen vínculos formales con la institución. Alarmantemente, un informe de la Secretaría del Bienestar indica que el 86% de las 168,000 viviendas censadas están ocupadas por personas que carecen de relación con los propietarios legítimos, un hecho que podría representar un riesgo considerable para los fondos de los trabajadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum, inquirida sobre este asunto durante una conferencia matutina, manifestó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se busca despojar a los legítimos propietarios de sus viviendas. Sin embargo, las organizaciones firmantes han pedido que esta afirmación se traduzca en acciones concretas y efectivas por parte de las autoridades competentes.
Los representantes empresariales también han llamado la atención sobre la crisis financiera que enfrenta el Infonavit, con un notable incremento en el índice de morosidad que pasó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. Cuando se consideran los créditos segregados, la situación se vuelve aún más alarmante, con un deterioro de cartera que asciende al 32%. Esta realidad pone de relieve la vital importancia de abordar la falta de cumplimiento en el sector.
Subrayando la gravedad de la situación, los firmantes han señalado que la administración anterior ya había decidido no proceder con desalojos de acreditados en deuda, y ahora se busca extender esa política a las ocupaciones irregulares, incluso en propiedades que no pertenecen al Infonavit.
Asimismo, argumentan que el Instituto no posee atribuciones legales para otorgar créditos, rentas o escrituras a personas no afiliadas, señalando que esas funciones están reservadas para otras entidades como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Finalmente, han exhortado a la Asamblea del Infonavit a detener cualquier intento de legalizar ocupaciones ilegales y han enfatizado la necesidad de contar con instituciones fuertes que operen con responsabilidad y dentro del marco de la ley. Estas organizaciones están firmemente comprometidas a proteger el patrimonio de los trabajadores y garantizar que el Estado actúe dentro de la legalidad.
Esta información, publicada originalmente en 2025, refleja un contexto actual y relevante en el debate sobre la legalidad de las ocupaciones irregulares y la gestión de la vivienda en el país.
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