Es fundamental reforzar gobiernos locales contra la violencia.

La seguridad pública en México enfrenta retos profundos y complejos que requieren atención inmediata y soluciones innovadoras. El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO CDMX), Ernesto López Portillo, presentó recientemente argumentos contundentes sobre la necesidad de repensar la estrategia de seguridad a nivel municipal, destacando que los mejores resultados se logran desde posiciones cercanas a la ciudadanía.

En su análisis, López Portillo subrayó que las autoridades municipales son esenciales para construir un entorno de seguridad, convivencia y justicia. Según su perspectiva, las intervenciones militares o federales rara vez logran la efectividad deseada en las comunidades, sugiriendo que se debe redirigir la inversión hacia el fortalecimiento de las policías locales, la justicia cívica y la prevención de violencias en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

El llamado a crear políticas de seguridad más sólidas surge en el contexto del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, que ha encendido nuevas alarmas sobre la crisis de violencia que azota a varias regiones del país. En respuesta a este incidente, López Portillo presentó un documento con 15 recomendaciones que buscan establecer un marco de seguridad “legítimo, sostenible y eficaz”. Entre estas propuestas se destaca la necesidad de crear entidades de supervisión ciudadana, que operen con independencia de las fuerzas policiales y cuenten con presupuestos propios, a semejanza de modelos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Además, el especialista propuso fomentar los observatorios ciudadanos, inspirados por experiencias exitosas en ciudades colombianas como Cali y Bogotá, donde la participación ciudadana ha reducido la tasa de homicidios y mejorado la rendición de cuentas. Esta estrategia podría ser crucial en un entorno donde el crimen organizado ha penetrado no solo el ámbito municipal, sino también estatal y federal, lo que plantea serios riesgos al transferir más responsabilidades a gobiernos con una fuerte influencia criminal.

López Portillo enfatizó la necesidad de reformas estructurales que garanticen la autonomía de la Fiscalía General de la República y sugirió considerar mecanismos internacionales de justicia transicional, similares a los implementados en países como Colombia y Guatemala. Propuso la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la macrocriminalidad en México, dado que las conexiones entre funcionarios del Estado y actividades delictivas son preocupantemente frecuentes.

Finalmente, la crítica a la ineficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) es contundente: ha fallado durante tres décadas en promover y replicar buenas prácticas locales que son esenciales en el combate a la violencia y la impunidad. Para remediar esta situación, se sugiere la formación de un consejo científico asesor independiente que evalúe políticas de seguridad a nivel local y que fomente un enfoque más integral y coordinado entre municipios.

Entre las propuestas clave también se encuentra el fortalecimiento de redes regionales de respuesta rápida y el establecimiento de oficinas coordinadoras municipales que alineen esfuerzos, dejando atrás la militarización y centralización de la seguridad.

La urgencia de abordar estas problemáticas se manifiesta en la creciente presión social y la necesidad de construir un entorno seguro y equitativo para todos los ciudadanos. La respuesta del gobierno federal frente a estas recomendaciones será crucial para cambiar el rumbo de la seguridad en el país y sentar las bases de un verdadero Estado de derecho.

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