España se encuentra en la vanguardia de una iniciativa que podría cambiar drásticamente la experiencia digital de los jóvenes. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Este movimiento, parte de un paquete más amplio de medidas para crear un entorno digital seguro, ha resonado en el ámbito político y social, generando tanto apoyo como debate.
Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Sánchez expresó su preocupación por el entorno hostil en el que los jóvenes navegan en internet, haciendo hincapié en la necesidad de acciones concretas para combatir la proliferación de discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación que afectan negativamente a esta población vulnerable. “Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos”, destacó, marcando un tono firme sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos de proteger a los menores en el ámbito digital.
En una tendencia que podría extenderse rápidamente por Europa, Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en implementar una prohibición similar. Con el Reino Unido y Francia mirando de cerca, España se suma a una coalición de seis países que buscan establecer regulaciones transfronterizas. Sin embargo, Sánchez no reveló los nombres de estos aliados, lo que ha generado especulaciones sobre las estrategias que seguirán.
La próxima semana, el Gobierno español también presentará un proyecto de ley que busca responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales por la gestión del contenido ilegal e incitaciones al odio. Entre las propuestas, se incluye un sistema de rastreo para monitorizar el discurso de odio en internet. Además, se exigirá a las plataformas establecer sistemas de verificación de edad más rigurosos que simples casillas de verificación.
Con la intención de abordar la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales, la ley se plantea como un esfuerzo adicional para garantizar un uso más responsable de las redes sociales. Será interesante observar cómo evoluciona esta legislación, que comenzará su proceso de aprobación en los próximos días.
Por otro lado, el Gobierno español ha indicado que la fiscalía estará atenta para investigar posibles infracciones de plataformas como Grok, propiedad de Elon Musk, TikTok e Instagram, de Meta. Este enfoque proactivo podría marcar un precedente para un marco legal más estricto en la gestión de redes sociales y la protección de los usuarios más jóvenes.
Este esfuerzo de España por tomar el liderazgo en la regulación digital podría tener repercusiones significativas, no solo en su territorio, sino también en el panorama global de las redes sociales, estableciendo un modelo que otros países podrían seguir. En un momento en que la seguridad en línea se ha convertido en una prioridad universal, la respuesta de la comunidad internacional será clave para abordar este desafío global.
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