España no favorece a emprendedores independientes.

En los últimos años, las promesas de las administraciones públicas en España sobre el apoyo al emprendimiento han quedado en palabras vacías. A pesar de los avances tecnológicos, abrir una empresa sigue siendo un proceso engorroso y prolongado. Esta situación resulta frustrante para muchos emprendedores, quienes se enfrentan a una verdadera carrera de obstáculos sin que nadie asuma la responsabilidad por la falta de eficacia en la gestión.

Curiosamente, los líderes políticos del país no tienen experiencia en el mundo empresarial. Tanto Pedro Sánchez, como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, jamás han sido autónomos. Esto podría explicar la desconexión entre las políticas que proponen y la realidad que viven quienes se esfuerzan por iniciar y sostener un negocio. Mientras ellos tienen asegurado el salario público, los emprendedores enfrentan la incertidumbre diaria que conlleva asumir riesgos económicos.

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A pesar de esta presión, el Gobierno ha optado por proponer un aumento en las cuotas de cotización de los autónomos, lo que genera incredulidad y descontento. La recaudación fiscal parece ser el único objetivo; se esperan ingresos adicionales de 1.500 millones de euros anuales hasta 2028. En lugar de facilitar condiciones que promuevan la creación de empleo y el dinamismo económico, se les impone más carga a quienes ya se encuentran al borde del cese de su actividad.

En comparación con otros países del entorno, donde las cuotas son notablemente más bajas e incluso pueden no existir, resulta evidente que los autónomos son fundamentales para la actividad económica. Ellos sostienen el tejido productivo y son catalizadores de la innovación local. A lo largo del tiempo, han llegado a ser considerados pilares de la economía. Sin embargo, muchos emprendedores se ven forzados a cerrar, lo que no solo afecta a sus negocios, sino también a la comunidad que dependen de ellos.

Es crucial cambiar la narrativa. La discusión no debería enfocarse en cuánto se puede recaudar, sino en cómo se puede aligerar la pesada carga impositiva que soportan los autónomos. Aquí hay algunas medidas urgentes que podrían marcar una diferencia significativa:

1. Reducción de cotizaciones sociales: Ofrecer un alivio a aquellos autónomos que enfrentan dificultades económicas, especialmente en sectores vulnerables como la agricultura.

2. Simplificación de trámites administrativos: Crear un sistema efectivo de ventanilla única digital que elimine la necesidad de procedimientos largos y complicados.

3. Mejora de prestaciones sociales: Proporcionar seguros de enfermedad, permisos laborales y un sistema de jubilación adecuado para hacer la emprendeduría más atractiva.

4. Incentivos a la contratación: Implementar beneficios fiscales para motivar a los autónomos a crear empleo estable.

5. Fomento de la formación continua: Facilitar acceso a recursos de capacitación y digitalización, sobre todo para aquellos que no tienen experiencia con nuevas tecnologías.

Una verdadera revolución cultural y política hacia el emprendimiento es esencial en España. Solo así se podrá cambiar la percepción de los autónomos, dejándolos de ver como simples recaudadores y reconociendo su crucial papel en la generación de riqueza. En esta encrucijada, el futuro de muchas pequeñas empresas y, por ende, la salud de la economía nacional están en juego. A medida que nos adentramos en este nuevo contexto, es fundamental que la administración escuche y actúe en consecuencia.

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