El fenómeno del huachicol fiscal se ha convertido en un tema candente en el panorama económico de México, destacando como una de las principales vías de evasión fiscal que afectan a las arcas del gobierno. A través de este contrabando de combustible, miles de millones de pesos se infiltraron de manera clandestina en el sistema financiero, revelando una red compleja que desafía a las autoridades gubernamentales.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha identificado tres modalidades clave para combatir esta fuga: el huachicol fiscal, la facturación falsa y la subvaloración de mercancías en aduanas. La primera, el contrabando de combustible, estima unas pérdidas de 4.600 millones de dólares en evasión del IVA y el IEPS, un daño que se traduce en aproximadamente 28,2 millones de dólares en perjuicio de Pemex y del erario público solo durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de los esfuerzos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que en el periodo de enero a septiembre abrió 109 expedientes penales relacionados con fraudes fiscales, los resultados continúan siendo alarmantes.
En el marco de la facturación falsa, un esquema que ha proliferado en años recientes, se han generado más de 12.000 empresas fantasmas que emiten comprobantes de operaciones ficticias. Estas prácticas, iniciadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, representan una amenaza considerable para la integridad del sistema tributario, logrando un incremento del 63% en los últimos cuatro años.
El contrabando técnico, que también incluye la subvaloración de mercancías, ha cobrado especial relevancia. Productos como el azúcar, el camarón y el acero han sido objeto de esta evasión, afectando gravemente a sectores productivos clave y distorsionando los mercados. La industria azucarera ha experimentado el ingreso ilegal de azúcar que, aunque legalmente importado, elude el pago de impuestos gracias a vacíos legales. En el corto periodo de 2023 a 2024, se estima una evasión fiscal de hasta 5.000 millones de pesos.
El camarón también ha sido un protagonista en este entramado. Su contrabando, que se evade respecto a normativas sanitarias y fiscales, ha inyectado al mercado mexicano casi 36.000 toneladas de producto no regulado, afectando seriamente a los productores nacionales y amenazando miles de empleos.
Por otro lado, el sector acerero ha visto el uso indebido de programas fiscales que permiten la importación temporal de insumos exentos de impuestos, afectando a la industria local. La falta de supervisión efectiva ha permitido que algunas empresas se beneficien de esta laxitud, lo que llevó a la Secretaría de Economía a cancelar permisos de operación.
En un intento por abordar estas prácticas, el Congreso mexicano ha propuesto nuevas regulaciones, y un reciente “muro arancelario” se ha aprobado con la intención de frenar estas evasiones, enfocándose en países como China que han sido acusados de evadir normativas fiscales. La vigilancia constante y una mayor transparencia son esenciales para enfrentar esta compleja red de fraude fiscal.
Con los retos que presenta el huachicol fiscal y la evasión tributaria en general, la administración de Sheinbaum tiene ante sí una tarea monumental. Lograr un control efectivo sobre estas irregularidades no solo es crucial para la salud financiera del país, sino que también es un imperativo para la justicia económica en un sistema que clama por recursos para desarrollarse. Las acciones deben ser decididas y coordinadas, pues el futuro del fisco mexicano depende de su capacidad para cerrar estos importantes boquetes económicos.
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